MADRID.- Mujeres de 25 a 45 años, con estudios universitarios superiores y un salario mensual que oscila entre 1.000 y 2.000 euros. Ese es el perfil mayoritario del personal de las ONG españolas, compuesto en un 71% por mujeres, según un informe de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de España(CONGDE), formada por 90 ONGD y 15 coordinadoras autonómicas, que suman más de 400 entidades.
El estudio, primero específico sobre los recursos humanos, realizado con los datos de 85 ONG, refleja que en las sedes, tres cuartas partes de la plantilla (el 74%) son mujeres, cifra que se reduce al 49% sobre el terreno, frente al 51% de hombres.
Aunque la presencia femenina es mayoritaria, únicamente el 31% de las mujeres ocupa cargos de dirección. Pese a lo exigua, esta cifra es mayor que la registrada en las grandes empresas, donde el porcentaje sólo alcanza el 18%.
Uno de los datos más significativos del informe es que la alta cualificación profesional del sector, considerado un tanto "vocacional", contrasta con sus bajos salarios. La media está entre los 12.000 y los 36.000 euros anuales y, en los puestos de dirección, entre los 24.000 y los 36.000 euros.
Se trata de un sector "redistributivo en los salarios, ya que refleja escasas diferencias entre los puestos de dirección y los trabajadores", afirma la vicepresidenta de la CONGDE, Pilar Orenés.
Temporalidad y falta de prestaciones
Sobre las condiciones de trabajo, el estudio revela que existe una elevada proporción de contratos temporales (un 39%) debido, sobre todo, a que gran número de ellos está vinculado a proyectos concretos que abarcan un determinado tiempo.
Respecto a la antigüedad, sólo un 31% de los empleados lleva trabajando más de cinco años. Este hecho, según el informe, obedece a que "las ONGDE se han convertido en una opción profesional recientemente". En España, más de 40.000 personas trabajan en ellas, de las que 36.167 son voluntarias y las 4.301 restantes, personal remunerado.
A la vista de estos datos, el coordinador del estudio, Carlos Mataix, ha manifestado que uno de los retos de la Coordinadora es analizar si los bajos sueldos pueden impedir la futura incorporación de profesionales altamente cualificados y mejorar la cobertura social y sanitaria de los trabajadores desplazados y sus familiares "para poder cubrir el Estatuto del Cooperante".
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