28 personas han muerto en las Islas mientras trabajaban, hasta el pasado mes de septiembre; once en el sector de la construcción y otros tantos en el de servicios.
SANTA CRUZ. Los accidentes en las Islas han disminuido en 2005, pero este descenso se ha ralentizado con respecto a los dos años anteriores. Por ello, el Archipiélago sigue estando entre las peores regiones del país. Así, hasta el pasado mes de septiembre habían muerto en Canarias 28 personas, según los datos que la consejera de Empleo, Marisa Zamora, dio a conocer en el Parlamento regional la semana pasada.
La consejera dio más cifras. Carmen Marrero, secretaria regional de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, dijo a ABC que «estamos en una guerra de números». La consejera explicó que se habían producido 33.230 accidentes laborales en total, lo que suponía una reducción del casi el seis por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Así las cosas, Canarias está colocada como una de las cinco comunidades del país con peores índices.
La construcción y el sector servicios siguen siendo los que se llevan la palma en este «deshonroso» ranking. Para suavizar los datos, Zamora apuntó que había que tener en cuenta que la población activa se había incrementado en más de 54.000 personas. Lo cierto es que aunque se haya producido una bajada en las cifras, este decrecimiento es menor que en periodos anteriores, sólo 281 accidentes menos. Juan Carlos Bellido, coordinador de prevención de Fremap en Tenerife, argumenta que el descenso es positivo, pero «no suficiente, no debería haber ningún accidente».
El origen de todo
En el Parlamento se discutió sobre los principales factores que inciden. Así se habló de precariedad, temporalidad, el peso en la economía regional del sector servicios y la construcción, la economía sumergida, los pocos recursos con los que cuenta la Administración para atajar el problema y la falta de cultura preventiva.
La organización sindical CCOO expone que la precariedad laboral y la falta de formación que se da a los trabajadores son dos causas a tener en cuenta. «España está a la cola de Europa y Canarias, a la cola de España en cuanto a precariedad», dice Marrero, El sindicato dice que «el 56 por ciento de los accidentes de trabajo graves y mortales se produce en la población con contratos eventuales; y casi el 63 los sufren los trabajadores que llevan menos de 24 meses trabajando en la empresa».
Para Bellido, «la temporalidad no debería ser un factor causante porque lo que hace el servicio de prevención es valorar los riesgos de un puesto y proponer medidas para controlarlos, independientemente de la persona que esté en él» y continúa diciendo que «es el empresario quién debe cumplir con la normativa». De igual forma, CCOO expone que habría que conocer cuáles son los datos de accidentabilidad de cada isla.
La prevención, cosa de todos
«No hay ninguna receta ni única ni mágica para acabar con los accidentes, la clave está en que cada parte debe cumplir con sus funciones», dice Juan Carlos Bellido que estima que «la normativa vigente es válida». «Es una cuestión de todos, ya que no existe cultura preventiva ni por parte del empresario, ni del trabajador», dice.
En igual sentido se expresa Marrero que afirma que «poco a poco se está tomando conciencia, ya que la Ley de Prevención supuso un cambio de cultura cuando entró en vigor hace diez años». «Últimamente se ha visto cómo el empresariado se está implicando más en tomar medidas», reconoció, al tiempo que denunció que «todavía hay muchas empresas que no realizan gestiones adecuadas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en el Archipiélago».
Por ello, la sindicalista abogó por que haya «un mayor control» por parte de la Administración, «pero se necesita más personal que inspeccione si se están aplicando las medidas adecuadas en materia de Seguridad y Salud».
En este punto, aparece la figura del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), que es fruto de la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma por parte del Estado. «La Inspección tiene potestad de sancionar y el Icasel tiene labores de asesoramiento técnico a trabajadores, empresarios y a la propia Inspección. Se tiene previsto que en breve sus técnicos asuman labores inspectoras, es decir, sancionadoras», expone Bellido que confía que esta medida suponga una «ventaja» porque «si algo se le puede achacar a la Inspección es la falta de recursos humanos».
En tela de juicio
El sindicato se muestra más duro con la actividad del Icasel y con las decisiones que ha tomado el director general del Trabajo del Gobierno de Canarias. Aseguran que no han puesto en marcha el Real Decreto 689/2005 por el que los técnicos del Icasel podrían sancionar. Hablan también de «colapso» por falta de personal y que ha estado a merced de los devaneos políticos».
De igual forma, Carmen Marrero denuncia que el Gobierno no cumple los acuerdos de financiación para la prevención. La consejera de Empleo señaló que en 2006 se destinarán 3,7 millones de euros. Marisa Zamora dijo que 1,4 saldrán de los presupuestos y el resto de lo recaudado a través de las sanciones a las empresas que incumplen con la normativa.
CCOO se mostró feliz por la suma total, pero recordó que el Ejecutivo se había comprometido a dedicar 1,8 millones en cada presupuesto y no 1,4. Sus representantes explicaron que nunca antes el Ejecutivo había señalado cuánto recaudaba a través de las multas.
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