Los gremios estatales y docentes de la provincia ya no podrán quejarse de que el ministerio de Trabajo “es juez y parte” en determinado conflicto. ¿La razón del cambio? El Gobierno y las agrupaciones sindicales acordaron ayer en paritarias incorporar la figura del Tribunal Arbitral Independiente al proyecto de Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo.
El nuevo órgano, creado por la Constitución bonaerense de 1996 pero nunca puesto en funciones, intervendrá en los conflictos laborales sin salida. El artículo 18 de la iniciativa que el Ejecutivo elevará a extraordinarias a fines de la semana entrante, justo antes de la Navidad, establece que “en caso de conflictos suscitados a raíz de la negociación colectiva, las partes podrán apelar al procedimiento de la autocomposición que hubieren acordado” y como instancia superadora “conformar un órgano integrado por un representante de cada parte y por un tercero designado por acuerdo, considerado por su imparcialidad y aptitud”.
El ministro de Trabajo, Roberto Mouillerón, aclaró que el Tribunal Arbitral Independiente ya cuenta con rasgo constitucional, aunque anticipó: “Ahora -a partir de lo acordado con los gremios estatales y docentes- deberá incorporarse al proyecto de convenciones colectivas”.
¿Qué cambiará con esta decisión? Puede que mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que el 2006 no se plantea como un año despojado de conflictos salariales. En los últimos meses, por la puja entre el Estado y los gremios se le hizo casi imposible intervenir al ministerio de Trabajo con medidas como una conciliación obligatoria, por ser juez y parte en la pelea. Desde 2006, habrá un ámbito superador que será el encargado de definir los potenciales nuevos conflictos cuando se estanquen. Eso, por ejemplo, evitará una extensa huelga docente o judicial, como las que se padecieron durante este año.
La reunión que ayer realizó la comisión redactora de la iniciativa parlamentaria mostró fuertes diferencias en torno a la representatividad gremial en las paritarias. Algunos sectores pretenden que se prioricen las representaciones de primer grado con ámbito general, y a las federaciones. Pero Mouillerón aseguró: “Se impondrá la concepción vigente en el que todos los sindicatos tienen representación en la paritaria general y en sectoriales”.
El artículo 19 del proyecto también es objeto de discusión. Allí se disponen los servicios esenciales que deben garantizarse durante un conflicto con medidas de fuerza. Los gremios aseguran que se trata de un intento oficial por limitar el derecho de huelga.
Finalmente, ayer se acordó incorporar el cargo de director de línea en el marco paritario, algo que las autoridades no habían previsto. Además, Economía lograría incluir un apartado rechazando “las decisiones imperativas que puedan surgir del ámbito paritario y que colisionen con la Ley de Presupuesto”, como actualizaciones salariales decididas sindicalmente, sin previa consulta.
En las próximas horas, el Ejecutivo delineará el proyecto de ley de paritarias definitivo, que será elevado a la Legislatura a fines de la semana próxima. Una vez que la norma sea sancionada, quedará habilitado el proceso para reformar la carrera administrativa apuntando a la Ley 10.430 y a la creación de un nuevo escalafón.
Parece existir un consenso generalizado en torno a la norma que finalmente saldrá, aunque algunos gremios plantearon ciertos reparos.
Las convenciones colectivas, que ahora serán determinadas por ley, definen la relación de empleo que regirá al Estado. Y democratiza los acuerdos a través de los cuales se fijarán todas las reglas del empleo: políticas salariales, regímenes de vacaciones, seguridad e higiene, premios, sistema de ingreso y procesos de selección.
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