Córdoba. Argentina. Nueve de los 15 diputados del Frente Nuevo en la Legislatura de Córdoba resolvieron acatar el lunes pasado el ultimátum del intendente cordobés Luis Juez y devolver el aumento de 2.800 pesos en sus dietas.
En tanto, otros cuatro legisladores optaron por donar ese dinero y serán expulsados del partido, indicó el propio Juez.
El jefe de la principal fuerza de la oposición parlamentaria en Córdoba formuló el anuncio durante una conferencia de prensa, tras una jornada cargada de tensión y nerviosismo.
El intendente se mostró "orgulloso" por la decisión adoptada por los nueve legisladores, encabezados por su ex socia María Fernanda Leiva, quienes renunciarán al incremento aprobado por la Legislatura y pedirán que ese dinero vuelva a Rentas Generales de la provincia.
"Los que tomaron la decisión contraria no tienen absolutamente más nada que ver con Luis Juez", dijo el intendente, quien añadió: "Yo he sido claro, si la ley es inmoral lo que proviene de ella es inmoral".
El jefe municipal prefirió no profundizar sobre cuál será el futuro de la bancada opositora, que a poco más de dos años de asumir, el 10 de diciembre de 2003, sufrió una virtual fractura.
"No me preocupan los formalismos", dijo consultado al respecto y destacó que "por primera vez en los 40 años de vida que tengo se estuvieron discutiendo por 20 días cuestiones éticas. Que hayamos instalado esas cuestiones, que la ética y la decencia son mecanismos para la construcción política, me llena de satisfacción".
En rigor, la totalidad de los legisladores juecistas habían consensuado no cobrar el aumento, pero discreparon sobre el método para devolver esos fondos.
Así, mientras al menos 9 juecistas "fieles" decidieron "renunciar" al aumento y reintegrar el monto al Gobierno, otros cuatro decidieron cobrarlo y "donar" los fondos a entidades de bien público, en tanto que dos legisladores no habían definido su posición hasta esta noche.
Los cuatro legisladores que quedaron excluidos de la bancada juecista son Ricardo Fonseca, Julián Benassi, Mónica Prato y Zulema Hernández, quienes decidieron "donar" el aumento a entidades de bien público y quedaron en una incómoda posición frente a su jefe político.
Artículos relacionados
