Pese a su crecimiento, América Latina es insegura para los inversores. Santiago Herrero cree que el riesgo seguirá creciendo por la consolidación de gobiernos populistas. Pero considera que las empresas españolas permanecerán.
Es experto en riesgos políticos de la consultora multinacional de aseguramiento Marsh & MacLenan, que está presente en 100 países y lleva las cuentas del 50% de las empresas españolas que cotizan en el Ibex. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha disparado las alarmas por su posible efecto contagio a otros países de la zona, destino prioritario de la inversión exterior española.

¿Cómo afectan a los inversores españoles los cambios de leyes y la incertidumbre política en América Latina?

El inversor español posiblemente se lo pensará mejor a la hora de invertir o de seguir invirtiendo en América Latina. En Bolivia, a raíz de la nacionalización de los hidrocarburos, Petrobrás ha sido el primero en congelar sus inversiones. Después de este tipo de acciones, las empresas que invierten en la región activarán todo su esquema de gerencia de riesgos.

¿Las empresas españolas suelen estar aseguradas contra el riesgo político?

Las empresas, por lo general, no aseguran los riesgos políticos. Hay una cultura de asegurarse contra este tipo de riesgos mucho más elevada en la empresa norteamericana. Hasta donde conozco, hay pocas empresas españolas que aseguran su inversión en el extranjero, porque la principal filosofía de la empresa española es mantenerse en donde esté. Un ejemplo de ello es Argentina, donde las multinacionales se quedaron y han continuado invirtiendo a pesar de la crisis. Hay compañías que simplemente prefieren tener en balance este tipo de riesgos, y la empresa española suele mantener la inversión contra viento y marea

¿Esa tendencia a no asegurarse contra el riesgo político hace a las empresas españolas más vulnerables?

Cuando se habla de inversión es difícil decir ‘me hubiera ido mejor o peor sin seguro’. Las aseguradoras privadas están agrupadas en organizaciones mundiales que negocian acuerdos con los gobiernos y que ayudan a las empresas a lidiar en casos problemáticos. Ahora, los intereses del asegurador no siempre van a ser los intereses del asegurado.

Aparte de Bolivia, ¿cuáles son los países latinoamericanos donde existe mayor riesgo en la actualidad?

Hay un creciente riesgo político en Venezuela, donde su gobierno continuamente se enfrenta a Estados Unidos. En Venezuela, hay casos de contratos de suministros de infraestructuras que se están cancelando. Los empresarios españoles están buscando la cobertura por restricción contractual en sus contratos con el Ministerio de Finanzas de Venezuela. En general, en la región algunos contratos se están cancelando porque han cambiado las necesidades políticas de los gobiernos respectivos.

¿Cuáles son las perspectivas de los inversores en América Latina, en los países que han tenido un crecimiento económico constante?

Desde que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está teniendo un papel tan proactivo en las elecciones del resto de la región, el riesgo político se ha elevado claramente. Sin embargo, en América Latina hay economías que están marchando muy bien y es muy difícil que se vean afectadas por motivos políticos. Brasil es un ejemplo, porque ha pagado anticipadamente su deuda con el FMI y todos los préstamos de los bancos se constituyen en deuda privada.

¿Qué lecciones puede dejar el caso de Bolivia a las empresas y a las aseguradoras?

El caso de Bolivia es un hito porque se dio en una fase de consolidación empresarial en el tema de las inversiones. Ahora mismo las empresas no saben si se quedarán donde están o si podrán seguir invirtiendo, pero generalmente las españolas se quedarán.

¿Cómo se podría dar una salida exitosa a la crisis en Bolivia?

Una salida exitosa sería que las partes lleguen a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso, sin duda se va a llegar a este tipo de soluciones. Las empresas temen más a los secuestros que a la inestabilidad
Santiago Herrero revela que las empresas españolas que operan en América Latina recurren con mayor frecuencia al aseguramiento contra el secuestro que contra el riesgo político. Las operaciones en países con una elevada actividad terrorista y delictiva, obliga a los empresarios a contratar ese tipo de pólizas. ‘Los empresarios sí miran más el tema del secuestro que el del riesgo político, porque es un tema personal, y es en algunos casos mucho más frecuente’, señaló Herrero.
Colombia y Argentina son los países donde las empresas y las aseguradoras consideran que existe un mayor riesgo de secuestros.
Según el experto, aunque las empresas las siguen contratando, aún está en discusión la legalidad de este tipo de pólizas.
Otro tipo de aseguramiento al que suelen recurrir las compañías que operan en la región son el seguro de inversión y el seguro para la exportación.
Herrero considera conveniente revisar si las empresas también han contratado seguros que cubran la escasez de divisas, así como los ‘incumplimientos de contratos’ por parte de los países donde las empresas construyen e explotan obras de infraestructura.

Pese a su crecimiento, América Latina es insegura para los inversores. Santiago Herrero cree que el riesgo seguirá creciendo por la consolidación de gobiernos populistas. Pero considera que las empresas españolas permanecerán.
Es experto en riesgos políticos de la consultora multinacional de aseguramiento Marsh & MacLenan, que está presente en 100 países y lleva las cuentas del 50% de las empresas españolas que cotizan en el Ibex. La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha disparado las alarmas por su posible efecto contagio a otros países de la zona, destino prioritario de la inversión exterior española.

¿Cómo afectan a los inversores españoles los cambios de leyes y la incertidumbre política en América Latina?

El inversor español posiblemente se lo pensará mejor a la hora de invertir o de seguir invirtiendo en América Latina. En Bolivia, a raíz de la nacionalización de los hidrocarburos, Petrobrás ha sido el primero en congelar sus inversiones. Después de este tipo de acciones, las empresas que invierten en la región activarán todo su esquema de gerencia de riesgos.

¿Las empresas españolas suelen estar aseguradas contra el riesgo político?

Las empresas, por lo general, no aseguran los riesgos políticos. Hay una cultura de asegurarse contra este tipo de riesgos mucho más elevada en la empresa norteamericana. Hasta donde conozco, hay pocas empresas españolas que aseguran su inversión en el extranjero, porque la principal filosofía de la empresa española es mantenerse en donde esté. Un ejemplo de ello es Argentina, donde las multinacionales se quedaron y han continuado invirtiendo a pesar de la crisis. Hay compañías que simplemente prefieren tener en balance este tipo de riesgos, y la empresa española suele mantener la inversión contra viento y marea

¿Esa tendencia a no asegurarse contra el riesgo político hace a las empresas españolas más vulnerables?

Cuando se habla de inversión es difícil decir ‘me hubiera ido mejor o peor sin seguro’. Las aseguradoras privadas están agrupadas en organizaciones mundiales que negocian acuerdos con los gobiernos y que ayudan a las empresas a lidiar en casos problemáticos. Ahora, los intereses del asegurador no siempre van a ser los intereses del asegurado.

Aparte de Bolivia, ¿cuáles son los países latinoamericanos donde existe mayor riesgo en la actualidad?

Hay un creciente riesgo político en Venezuela, donde su gobierno continuamente se enfrenta a Estados Unidos. En Venezuela, hay casos de contratos de suministros de infraestructuras que se están cancelando. Los empresarios españoles están buscando la cobertura por restricción contractual en sus contratos con el Ministerio de Finanzas de Venezuela. En general, en la región algunos contratos se están cancelando porque han cambiado las necesidades políticas de los gobiernos respectivos.

¿Cuáles son las perspectivas de los inversores en América Latina, en los países que han tenido un crecimiento económico constante?

Desde que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está teniendo un papel tan proactivo en las elecciones del resto de la región, el riesgo político se ha elevado claramente. Sin embargo, en América Latina hay economías que están marchando muy bien y es muy difícil que se vean afectadas por motivos políticos. Brasil es un ejemplo, porque ha pagado anticipadamente su deuda con el FMI y todos los préstamos de los bancos se constituyen en deuda privada.

¿Qué lecciones puede dejar el caso de Bolivia a las empresas y a las aseguradoras?

El caso de Bolivia es un hito porque se dio en una fase de consolidación empresarial en el tema de las inversiones. Ahora mismo las empresas no saben si se quedarán donde están o si podrán seguir invirtiendo, pero generalmente las españolas se quedarán.

¿Cómo se podría dar una salida exitosa a la crisis en Bolivia?

Una salida exitosa sería que las partes lleguen a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso, sin duda se va a llegar a este tipo de soluciones.
Las empresas temen más a los secuestros que a la inestabilidad
Santiago Herrero revela que las empresas españolas que operan en América Latina recurren con mayor frecuencia al aseguramiento contra el secuestro que contra el riesgo político.
Las operaciones en países con una elevada actividad terrorista y delictiva, obliga a los empresarios a contratar ese tipo de pólizas. ‘Los empresarios sí miran más el tema del secuestro que el del riesgo político, porque es un tema personal, y es en algunos casos mucho más frecuente’, señaló Herrero.
Colombia y Argentina son los países donde las empresas y las aseguradoras consideran que existe un mayor riesgo de secuestros.
Según el experto, aunque las empresas las siguen contratando, aún está en discusión la legalidad de este tipo de pólizas.
Otro tipo de aseguramiento al que suelen recurrir las compañías que operan en la región son el seguro de inversión y el seguro para la exportación.
Herrero considera conveniente revisar si las empresas también han contratado seguros que cubran la escasez de divisas, así como los ‘incumplimientos de contratos’ por parte de los países donde las empresas construyen e explotan obras de infraestructura.