España: la I+D supone el 15% de los contratos entre universidades y empresas, según un estudio

El sector de la construcción lidera las relaciones con el mundo académico.
El grado de contratación de las universidades valencianas con las empresas es moderado. Pero todavía es más modesta la calidad tecnológica de esa relación. Sólo el 15% (4.170) de los 27.800 contratos firmados entre 1999 y 2003 eran de I+D. Y sólo el 2% (556) tenían por objeto la transferencia de tecnología y de licencias. La parte del león de la contratación se la llevan las prestaciones de servicios (43%) y el apoyo tecnológico (39%), dos modalidades que presentan un bajo índice de innovación.
Los datos provienen de un trabajo elaborado por Ingenio (centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro Superior de Investigaciones Científicas) y por Ruvid (Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación). Un resumen del mismo puede consultarse en la dirección de Internet
http://www.uv.es/roigs/Jornada8feb06/
El estudio ofrece algunos datos llamativos. Por ejemplo: El sector productivo que más relación mantiene con las universidades es el de la construcción. A él corresponde casi el 18% de la facturación total. Casi tres de cada cuatro de estos contratos, a su vez, tienen por objeto la prestación de apoyo tecnológico por parte de las universidades. ¿De qué tipo? Estudios de calidad de autopistas y carreteras, cálculo de puentes y de otras obras públicas, asesoramiento en el planeamiento de urbanizaciones… Una colaboración en la que raramente interviene la innovación.
El sector químico representa el caso contrario. A pesar de ocupar una posición menor en el conjunto del Producto Interior Bruto Industrial valenciano -en torno al 4% del total-, concentra el 14% de todas las contrataciones con las universidades. Y el 90% de estos negocios tienen por objeto la I+D.
Prácticamente no existe relación entre las industrias tradicionales y el mundo académico: La suma de las facturaciones de los sectores del textil, del calzado y del mueble no alcanza el 2% del total. Mientras que los "sectores de tecnología media baja" -otra categoría productiva a la que alude el estudio- representa el 14% de todo el volumen de negocio.
Hay dos sectores más que superan el 10% del conjunto de la facturación: Uno es de la energía; el otro, el de la automoción y el transporte. Pero mientras casi la mitad de los contratos del primero son de I+D, en el caso del segundo se reduce a una tercera parte.
Las cinco universidades públicas valencianas están persuadidas de que es necesario incrementar la relación entre la universidad y la empresa. También lo está el consejero (y ex rector) Justo Nieto, cuyo departamento se llama, no por casualidad, de Empresa, Universidad y Ciencia.
Para fomentar esa relación las cinco universidades han emprendido la construcción de sus parques científicos. La Generalitat se comprometió en octubre a financiar los proyectos con 35 millones de euros. Pero esa cifra está obligada a crecer, porque no incluye el dinero que recibirá la Universitat de València. Su rector, Francisco Tomás, rechazó la oferta realizada entonces por Nieto por considerarla pobre.
Alguno de los rectores reconoce que el entramado productivo valenciano no ofrece demasiadas posibilidades de encauzar esa relación por el camino de la I+D y de la innovación. Y admite su interés en que, a medio plazo, se instalen también en su parque científico empresas de otras zonas de España o del mundo que sí compitan en el terreno de la alta y de la media alta tecnología. Una posibilidad a favor de la cual jugaría la globalización, pero también el clima.
El estudio de Ingenio y Ruvid aporta datos que ayudan a explicar el bajo índice de alta tecnología que el sector productivo demanda a las universidades. En 2003, el gasto empresarial valenciano destinado a innovación ascendió a algo menos de 851 millones de euros (un 7,6% del realizado en el conjunto de España), frente a los 3.079 millones de la Comunidad de Madrid (un 27,5% del total); los 2.917 millones de Cataluña (26%) y los 1.063 millones del País Vasco (7,6%).
La Comunidad Valenciana pierde puestos si se atiende a la clasificación del dinero dedicado a la I+D, en el mismo año 2003: Los 220 millones de euros invertidos -un 4,6% de los 4.459 millones de toda España- la sitúan por detrás de las tres comunidades anteriormente citadas y también de Andalucía (que gastó un 7,7% del total). La autonomía que más cerca queda de la valenciana es la de Castilla y León, que gastó 194 millones, un 4,3% del total.
El hecho de que el 80% de los contratos acordados entre 1999 y 2003 fueran de prestaciones de servicios y de apoyo tecnológico plantea un problema añadido: La posibilidad del dumping (venta por debajo de costes). Lo pusieron sobre la mesa varios de los participantes en una jornada sobre la relación entre universidad y empresa organizada recientemente por la Universitat de València. De un lado, advirtieron, la mayor parte de esos servicios y consultorías pueden ser ofrecidos sin mayores problemas por el propio sector privado, aunque a precio de mercado. Del otro, añadieron, la filosofía académica suele conducir a que en los contratos no se contemplen ni el valor de las horas empleadas por los investigadores ni la amortización de los equipos.

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El grado de contratación de las universidades valencianas con las empresas es moderado. Pero todavía es más modesta la calidad tecnológica de esa relación. Sólo el 15% (4.170) de los 27.800 contratos firmados entre 1999 y 2003 eran de I+D. Y sólo el 2% (556) tenían por objeto la transferencia de tecnología y de licencias. La parte del león de la contratación se la llevan las prestaciones de servicios (43%) y el apoyo tecnológico (39%), dos modalidades que presentan un bajo índice de innovación.
Los datos provienen de un trabajo elaborado por Ingenio (centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro Superior de Investigaciones Científicas) y por Ruvid (Red de Universidades Valencianas para el Fomento de la Investigación). Un resumen del mismo puede consultarse en la dirección de Internet http://www.uv.es/roigs/Jornada8feb06/
El estudio ofrece algunos datos llamativos. Por ejemplo: El sector productivo que más relación mantiene con las universidades es el de la construcción. A él corresponde casi el 18% de la facturación total. Casi tres de cada cuatro de estos contratos, a su vez, tienen por objeto la prestación de apoyo tecnológico por parte de las universidades. ¿De qué tipo? Estudios de calidad de autopistas y carreteras, cálculo de puentes y de otras obras públicas, asesoramiento en el planeamiento de urbanizaciones… Una colaboración en la que raramente interviene la innovación.
El sector químico representa el caso contrario. A pesar de ocupar una posición menor en el conjunto del Producto Interior Bruto Industrial valenciano -en torno al 4% del total-, concentra el 14% de todas las contrataciones con las universidades. Y el 90% de estos negocios tienen por objeto la I+D.
Prácticamente no existe relación entre las industrias tradicionales y el mundo académico: La suma de las facturaciones de los sectores del textil, del calzado y del mueble no alcanza el 2% del total. Mientras que los "sectores de tecnología media baja" -otra categoría productiva a la que alude el estudio- representa el 14% de todo el volumen de negocio.
Hay dos sectores más que superan el 10% del conjunto de la facturación: Uno es de la energía; el otro, el de la automoción y el transporte. Pero mientras casi la mitad de los contratos del primero son de I+D, en el caso del segundo se reduce a una tercera parte.
Las cinco universidades públicas valencianas están persuadidas de que es necesario incrementar la relación entre la universidad y la empresa. También lo está el consejero (y ex rector) Justo Nieto, cuyo departamento se llama, no por casualidad, de Empresa, Universidad y Ciencia.
Para fomentar esa relación las cinco universidades han emprendido la construcción de sus parques científicos. La Generalitat se comprometió en octubre a financiar los proyectos con 35 millones de euros. Pero esa cifra está obligada a crecer, porque no incluye el dinero que recibirá la Universitat de València. Su rector, Francisco Tomás, rechazó la oferta realizada entonces por Nieto por considerarla pobre.
Alguno de los rectores reconoce que el entramado productivo valenciano no ofrece demasiadas posibilidades de encauzar esa relación por el camino de la I+D y de la innovación. Y admite su interés en que, a medio plazo, se instalen también en su parque científico empresas de otras zonas de España o del mundo que sí compitan en el terreno de la alta y de la media alta tecnología. Una posibilidad a favor de la cual jugaría la globalización, pero también el clima.
El estudio de Ingenio y Ruvid aporta datos que ayudan a explicar el bajo índice de alta tecnología que el sector productivo demanda a las universidades. En 2003, el gasto empresarial valenciano destinado a innovación ascendió a algo menos de 851 millones de euros (un 7,6% del realizado en el conjunto de España), frente a los 3.079 millones de la Comunidad de Madrid (un 27,5% del total); los 2.917 millones de Cataluña (26%) y los 1.063 millones del País Vasco (7,6%).
La Comunidad Valenciana pierde puestos si se atiende a la clasificación del dinero dedicado a la I+D, en el mismo año 2003: Los 220 millones de euros invertidos -un 4,6% de los 4.459 millones de toda España- la sitúan por detrás de las tres comunidades anteriormente citadas y también de Andalucía (que gastó un 7,7% del total). La autonomía que más cerca queda de la valenciana es la de Castilla y León, que gastó 194 millones, un 4,3% del total.
El hecho de que el 80% de los contratos acordados entre 1999 y 2003 fueran de prestaciones de servicios y de apoyo tecnológico plantea un problema añadido: La posibilidad del dumping (venta por debajo de costes). Lo pusieron sobre la mesa varios de los participantes en una jornada sobre la relación entre universidad y empresa organizada recientemente por la Universitat de València. De un lado, advirtieron, la mayor parte de esos servicios y consultorías pueden ser ofrecidos sin mayores problemas por el propio sector privado, aunque a precio de mercado. Del otro, añadieron, la filosofía académica suele conducir a que en los contratos no se contemplen ni el valor de las horas empleadas por los investigadores ni la amortización de los equipos.

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