El consejo tuvo como misión discutir y elaborar propuestas concretas que contribuyan a una mayor igualdad laboral en cuanto a salarios, competitividad y equidad social.
La instancia estuvo encabezada por el economista, Patricio Meller e integrada por 48 profesionales, entre ellos el ex candidado presidencial de la derechista Alianza por Chile, Joaquín Lavín.
El Consejo Asesor de Trabajo y Equidad elaboró un informe de más de 1.200 páginas y otras 5.000 de anexos, e incluyó varias hojas sobre los disensos aparecidos entre los integrantes.
Al recibir el documento, la mandataria dijo que "vamos a mirar con mucha seriedad, con mucha dedicación, los planteamientos y propuestas".
Dijo que numerosas iniciativas podrían convertirse en ley o en tareas de programas específicos y ser parte de los anuncios de su mensaje del 21 de mayo, el día de la cuenta presidencial ante el congreso.
Bachelet, quien ha defendido el trabajo de este tipo de comisiones para la puesta en marcha de políticas públicas, destacó que "no es fácil conciliar las diversas miradas sobre los problemas sociales.
"Estoy convencida que para gobernar en los tiempos actuales, hay que vencer ciertas inercias y cuestionar visiones tradicionales", aseguró.
Las propuestas apuntan a la creación de políticas sociales para cuatro grupos objetivos: familias de bajos ingresos, trabajadoras y trabajadores; jóvenes y escolares y, empresas de menor tamaño.
Las iniciativas se centran en el tema de la equidad en Chile, un país que se caracteriza por la desigualdad social.
La jefa de estado afirmó que "necesitamos profundizar el debate público acerca de cómo avanzar hacia una sociedad más equitativa y más solidaria, y que es esencial del punto de vista de un país más humano, más justo, pero también como factor de competitividad".
La comisión no logró acuerdo en temas laborales como la negociación colectiva, la huelga, y el seguro de cesantía.
En este último punto, hay coincidencias en profundizar el instrumento, pero hubo dos propuestas respecto al mecanismo de compensación.
Los consejeros habían coincidido preliminarmente en "la necesidad de promover la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores", pero las desavenencias en su seno fueron más fuertes por el rechazo de los gremios empresariales.
También hubo discrepancias respecto del seguro de cesantía y los montos de indemnización por despido.
Otros puntos de disensión fueron el reemplazo de trabajadores en huelga y en los niveles en los que se debe dar la negociación colectiva.
Hubo total acuerdo respecto a un subsidio para el ingreso laboral de personas de menores recursos.
La iniciativa prevé un aporte estatal de 30 por ciento del ingreso a quienes ganen hasta unos 300 dólares mensuales y para quienes perciban hasta 600 dólares, el incentivo bajará gradualmente.
Del porcentaje, 20 por ciento será entregado al trabajador y 10 por ciento, al empleador.
Por cada niño de hasta cinco años pertenecientes al quintil más pobre, se incluye una transferencia monetaria condicionada de unos 20 dólares. Los menores deben cumplir requisitos como ir al colegio y al consultorio.
Otros acuerdos fueron la capacitación laboral y un premio de 800 dólares al 3 y 4 por ciento de los mejores estudiantes secundarios y un financiamiento a preuniversitarios de 1.600 dólares.
Durante su labor, el consejo desarrolló un amplio proceso de consulta ciudadana, para lo cual realizó 41 audiencias públicas, donde participaron diversos centros de estudio, organizaciones empresariales, sindicales y sociales, partidos políticos e instituciones religiosas.
Además se efectuaron numerosas reuniones con representantes de organismos internacionales, además de autoridades y directivos de los órganos de la administración del Estado.
La comisión llevó a cabo estudios para conocer la opinión ciudadana sobre estos temas e hizo la "Encuesta Nacional de Trabajo y Equidad", que se aplicó a 4.000 ciudadanos mayores de 18 años en el país.
Las propuestas del consejo ponen a debate el tema de la equidad, impulsado por el gobierno, las izquierda y la Iglesia Católica, pero cuya concretización dependerá de la buena voluntad de los sectores que controlan el poder económico en Chile.
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