WASHINGTON – El Gobierno de Washington no cede y persiste en la estrategia de verificar el empleo de millones de trabajadores y determinar si cuentan o no con permiso válido de estadía en Estados Unidos.
De hacerlo, activistas por los derechos de los inmigrantes y sindicatos, temen que miles pierdan el empleo, y que la medida, a su vez, arrastre a muchos negocios a que cierren sus puertas, reportó
El departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) tiene previsto divulgar, a más tardar en junio o julio próximos, el reglamento definitivo que exige que las empresas verifiquen el estatus migratorio de sus empleados o tomen medidas para corregir errores en sus archivos.
El reglamento de la verificación de empleo señala que las empresas deben verificar el número de Seguro Social de sus empleados y/o corrijan cualquier error o discrepancia que exista con los datos de una base de datos de
Clima de desconfianza
Pero el optimismo del gobierno choca con el escepticismo de grupos pro inmigrantes, defensores de los derechos civiles y organizaciones sindicales, quienes rechazan el plan y no confían en la base de datos del gobierno.
Recientemente, Carlos Saavedra, de
“Lo que vamos a ver con esto es un abuso completo. Muchos trabajadores serán despedidos, habrá una dislocación tremenda en la economía, porque estamos hablando de aproximadamente del 10 o 12 por ciento de la mano de obra de este país, que es indocumentada”, dijo Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
“Es una tragedia para los inmigrantes”, agregó.
AILA precisó que el programa piloto, desarrollado por el DHS, fue revisado y cuestionado en 2004 por el General Accounting Office (GAO, Oficina del Inspector General de
La asociación también advirtió que el plan republicano dio poderes especiales a los gobiernos estatales y locales “para usar el programa y comprobar el estatus de inmigrantes y ciudadanos”, funciones que por ley le corresponden sólo al gobierno federal estadounidense.
Freno legal temporal
La verificación de empleo, por ahora, se encuentra detenida por orden de un tribunal federal tras una demanda interpuesta por
Efe dijo que una vez entre en vigor el reglamento, las empresas tendrán un plazo de 90 días para contestar a las cartas de advertencia que reciban de
Se estima que el DHS enviará cartas a unas 140 mil empresas en todo el país, lo que afectaría a unos 8 millones de trabajadores.
Esas cartas sobre la “incompatibilidad” de los datos, conocidas en inglés como “no-match letters”, han puesto a la defensiva al Gobierno de Bush y han incrementado la repulsa de grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes.
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