MADRID (ESPAÑA). Un subinspector de Policía destinado a la comisaría de Torrejón de Ardoz ha sido detenido en la segunda fase de la denominada Operación Rosales, iniciada hace ocho meses, que ha destapado una trama de tráfico de drogas e inmigración clandestina en el aeropuerto de Barajas en la que colaboraban trabajadores del propio aeródromo, informó Jefatura Superior de Policía Nacional.
En total, han sido detenidas 38 personas por diferentes delitos, así como otras 9 por estancia irregular en el país. Todas ellas son de nacionalidad colombiana o de origen colombiano, aunque nacionalizados, a excepción del agente de policía.
El Juez encargado de la Instrucción ha decretado el ingreso en prisión preventiva de 26 de ellos; el resto, ha quedado en libertad con cargos y medidas cautelares para asegurar su presencia en futuras actuaciones judiciales.
El agente, junto con su mujer, regentaba dos bares de copas en Torrejón, donde se vendían los estupefacientes recuperados en Barajas y se blanqueaban los beneficios de la organización.
La operación, que arrancó en octubre del año pasado, ha sido liderada por la Unidad de Asuntos Internos, con la colaboración de distintas unidades policiales, especialmente, la Comisaría del Aeropuerto de Barajas, además de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsificación (U.C.R.I.F.).
Tutelada la investigación por un juzgado de la localidad de Torrejón, se iniciaron las pesquisas, intervenciones y vigilancias que permitieran conocer las actividades e identidades de los sospechosos. Se confirmó así la existencia de un grupo organizado, dedicado principalmente al tráfico de estupefacientes; pero, también a otras actividades complementarias, como el blanqueo de capitales, la falsificación y la inmigración clandestina, a través de matrimonios blancos y falsedades.
El liderazgo del grupo recae sobre Diego León C.S., que tiene dos reclamaciones judiciales en vigor; la primera, Búsqueda, Detención e Ingreso en prisión por la Audiencia Nacional por proposición para el asesinato; y la segunda, de nuevo búsqueda y detención por un juzgado de Torrejón, en relación con una agresión en la que presuntamente esgrimió un arma de fuego.
RAMIFICACIONES EN VALENCIA
Parte importante de los miembros de la organización estaban afincados en Madrid, dedicados fundamentalmente a la introducción de cocaína y su distribución. Otros lo estaban en Valencia, donde se detuvo al máximo responsable: Juan José C.T., y 16 individuos más, alguno de ellos funcionarios de la Administración. Las detenciones corrieron a cargo de Asuntos Internos y las UCRIF Central y de Valencia, y las acusaciones fueron falsificación de documentos e inmigración clandestina.
En cuanto a la trama madrileña, la operación policial ha sido ejecutada fundamentalmente en dos fases. En una primera, el pasado día 11, se intervino un paquete postal y una maleta, procedente de Caracas que, supuestamente, habría de embarcar hacia Ibiza; pero, que trabajadores del aeropuerto debían "distraer" para conseguir así su preciado contenido: 17.235 gramos de cocaína.
En este caso, la intervención policial culminó con el arresto de nueve personas, todos de carga y descarga en el aeropuerto, repartidores de maletas o trabajadores de empresas de paquetería.
La segunda fase, hasta completar los 38 detenidos, tuvo lugar a raíz de las investigaciones realizadas a una empresa de vuelos de bajo costo, donde varios trabajadores vieron la fórmula ideal para la introducción de cocaína en nuestro país. Se colaboró con policías de otros países y gracias al flujo de informaciones lograron intervenir 33 kilos de cocaína en Perú y uno en Bruselas.
El destino de esta droga era el grupo afincado en Torrejón y con los 13 arrestos finaliza el operativo y la desarticulación del grupo de narcotráfico. Entre ellos figura un agente de policía y su mujer. Y de nuevo, trabajadores del aeropuerto: supervisores de empresas de "handling", conductores de los autobuses que, desde los aviones, acercan a los clientes a la terminal, coordinadores de turno y maleteros.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el subinspector daba cobertura a la organización y participaba de distintas formas: consultaba las bases de datos a requerimiento de los responsables y era, junto con su mujer, testaferro; para ello, regentaban dos bares de copas: "Los Rosales" y "Sabor a Caney", donde se traficaba al menudeo y se blanqueaban los beneficios de la banda.
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