MONTEVIDEO. La directora del Patronato de Encarcelados y Liberados, Cristina Gil, explicó que este proyecto de ley permitirá el acceso a puestos de trabajo en organismos públicos y en empresas particulares.
Además, destacó que al aprobarse, el Patronato será patrón y quedará como responsable de la seguridad social de los beneficiarios, que hasta ahora sólo podían trabajar mediante convenios educativos laborales que implicaban la formación de empresas unipersonales.
“Con este proyecto se busca permitir que el patronato contrate por plazos determinados a las personas para incluir en los Convenios Educativos Laborales sin violar ningún tipo de norma. Una vez que esté la ley aprobada, podremos reiniciar los convenios que teníamos con la Intendencia Municipal de Montevideo, entre otros, que en su momento tuvimos que pasar a la Iglesia Anglicana, que nos colaboraba contratando a la gente en nuestra bolsa de trabajo, con la IMM y particulares. En su momento tuvimos convenios con Sodre, con la Intendencia (…), en fin, con una infinidad de organismos públicos y privados, que nos solicitaban trabajos y nosotros armábamos los grupos de operarios y los enviamos a trabajar”, señaló Gil.
La redacción primaria del proyecto de ley indica que se otorgará preferencia a personas con menores a cargo y que tengan hasta 29 años.Gil explicó que la mayoría de las personas encarceladas tienen menos de 30 años y menores a cargo. Por ende, se apunta a reinsertarlos socialmente para que abandonen el sistema penitenciario.
“Consideramos que la gente que tiene menores a cargo tiene mayores responsabilidades y urgencias; por consiguiente, intentamos apoyarlos de todas las maneras posibles, pensando siempre que los chicos son los que más sufren estas situaciones de carencias de trabajo de los padres y/o madres. Apuntando a la gente más joven, porque es la que está con mayores dificultades. A nadie le será novedoso saber que la franja etárea que está más complicada y que tiene mayor número de gente en los establecimientos de reclusión es gente joven menores de 30 años. Por eso estamos apostando a darle prioridad a esa gente que tiene toda una vida por delante y por lo general también menores a cargo”, indicó Gil.
El plazo máximo para las contrataciones será de un año, con posibilidad de renovación por otro año. Si el beneficiario vuelve a delinquir, se le rescinde el contrato automáticamente. El proyecto de ley establece que el Patronato tomará esa decisión en caso de delito, despido por mala conducta, abandono de empleo sin causa justificada o si se constata un bajo rendimiento laboral.
Según explicó Gil, no hay tareas específicas. Todo depende del contrato que se pueda celebrar. Los antecedentes, con los contratos unipersonales, indican que son tareas de albañilería, pintura y sanitaria, entre otros.
“Con la Intendencia muchas veces fueron trabajos de hacer limpieza de alcantarillas, mantenimiento de la Peatonal Sarandí, trabajos de alumbrado público; también se pintó íntegra la Escuela Municipal de Danza, se restauró. Con el Sodre también se hicieron trabajos de acondicionamiento”, dijo Gil, quien agregó que el Patronato cuenta con 400.000 pesos para destinarlos al pago de los aportes patronales que generen estos puestos de trabajo.
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