CARACAS. El gobierno del presidente Hugo Chávez lo llama "rescate de tierras", los empresarios del campo lo califican como "una confiscación": el proceso de intervención de propiedades agrícolas en Venezuela enfrenta dos concepciones antagónicas de sociedad.
De los 30 millones de hectáreas cultivables en Venezuela, unos 10 millones se encontraban en manos privadas al asumir Chávez la presidencia, en 1999. Desde entonces, su gobierno ha intervenido cerca de 2,5 millones de hectáreas que considera improductivas o ilegalmente apropiadas, apoyado en la ley de Tierras de 2001 y su modificación de 2005.
Este año, las expropiaciones han sido frecuentes y las declaraciones de Chávez, contundentes. "La tierra no es negocio, es vida", dijo el mandatario recientemente. "No hay tierra privada. Puede haber ocupantes y productores, produciendo la tierra, pero si no la producen bien, pierden el derecho a explotarla", agregó en otra ocasión.
A los campesinos, el gobierno les entrega títulos de adjudicación de la tierra sobre las propiedades confiscadas, lo que no les da la propiedad sino el derecho a trabajarla y a recibir ayuda del Estado en créditos, maquinaria y tecnología.
Para el gobierno de Chávez, ésta es "la verdadera reforma agraria", en contraposición a la llevada a cabo en los años 60, y su éxito está garantizado justamente por la no entrega de la propiedad de las tierras.
"Señores burgueses: ustedes no van a poder hacer lo que hacían antes. (El Estado) entregaba papeles (de propiedad) y por un lado el campesino recibía el papel y por el otro el ricachón venía a comprarla. Ahora no, ustedes reciben esto y esta tierra bendita se la dejarán a sus hijos", prosiguió el mandatario.
Varias de las tomas realizadas este año han sido dirigidas por el propio Chávez y transmitidas por televisión.
Fincas emblemáticas, como la Santa Teresa, donde se produce el apreciado ron del mismo nombre, o El Cedral y Hato Piñero, dos reservas de fauna venezolana que ofrecían servicios de ecoturismo, están en la lista de propiedades intervenidas.
Para el economista José Guerra, esta visión corresponde a "lo que se conocía en el siglo XX como experiencia socialista en el campo y esa concepción destruye los incentivos para producir". "Sin derecho de propiedad es difícil que haya inversión de largo plazo, que es lo que necesita la agricultura. Para que haya producción se requiere la facilidad crediticia, precios acordes con la estructura de costos, y además la propiedad", señaló.
Y aunque los hacendados sostienen que estas políticas han afectado seriamente la producción de alimentos, Chávez se enorgullece del desarrollo logrado en una de las primeras fincas intervenidas en 2005, La Marqueseña, en el estado llanero de Barinas (suroeste), donde funciona ahora un centro genético de ganado. "Venir aquí es como venir al futuro, es el socialismo puro", dijo el presidente con satisfacción en una reciente visita.
Para Manuel Cipriano Heredia, vicepresidente de la Federación de Ganaderos (Fedenaga), la propiedad de la tierra se ha convertido en la principal preocupación de los productores. "Con la ley de 2001 se consideró latifundio cualquier extensión superior a las 5.000 hectáreas, con la reforma de 2005 se llama latifundio a cualquier terreno mayor al promedio de la zona y se exige probar la propiedad en una cadena titulativa hasta 1848", explicó.
Heredia citó estudios según los cuales de las más de dos millones de hectáreas intervenidas sólo unas 50.000 se encuentran en actividad. "El gobierno debería revisar lo que ha hecho hasta ahora antes de seguir interviniendo", subrayó.
Según las cifras de Fedenaga, la producción de carne ha caído drásticamente al pasar de 450.000 toneladas en 1998 a 250.000 diez años después.
En 1998, Venezuela producía 1.400.000 quintales de café y ahora sólo 900.000. En el mismo periodo, la producción de leche pasó de 1.200 millones de litros a 900 millones, según la asociación civil Alianza Agroalimentaria.
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