Los sindicatos y patronal mayoritarios del sector de la dependencia han alertado de que el escaso desarrollo normativo de la ley de Dependencia está afectando a la formación de los profesionales y a las previsiones de creación de empleo.
Tras una reunión del Observatorio del V Convenio Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes, sus integrantes por CCOO, FED y LARES, han lamentado que las administraciones estén otorgando de forma mayoritaria prestaciones económicas de cuidador informal, cuando según la ley deberían ser excepcionales.
"El abuso de la figura del cuidador familiar, no profesional" está influyendo en el empleo, porque no se creará los 115.000 puestos de trabajo previstos, ha alertado el presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (LARES), José Ignacio Santaolalla.
Hasta el momento, del total de las prestaciones concedidas, el 32 por ciento han sido económicas de cuidado familiar y el 37 por ciento están pendientes de identificar, "por lo que en torno al 70 por ciento ha sido para cuidados del entorno familiar no profesionales", ha añadido.
Por comunidades, Navarra se sitúa a la cabeza de las prestaciones por cuidado familiar con el 60 por ciento, seguida de Ceuta y Melilla (58%), Cantabria (45%) y Galicia (43%).
En el extremo contrario, Extremadura ha sido la que menor volumen de estas prestaciones ha registrado, con el 13 por ciento.
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarria, ha denunciado la morosidad de las distintas administraciones públicas con los prestadores de servicios respecto a las plazas que tienen concertadas.
"Esta morosidad nos está llevando a que empresas perfectamente viables estén al borde de la bancarrota y de la quiebra", ha señalado Echevarria, quien calcula que podría afectar a unas 3.000 empresas y a 180.000 puestos de trabajo.
Tampoco se podrán llevar a cabo los objetivos respecto a los planes de formación de los profesionales e incluso en algunas CCAA no pueden desarrollarse porque no existen centros acreditados para impartirlos, como en Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, según ha explicado el representante de FSS-CCOO, Antonio Cabrera.
Además, ha alertado de que si no se toman medidas, la previsión de que en 2011 tienen que estar acreditados 74.000 profesionales con 450 horas, apenas será de 9.000 profesionales y con 100 horas.
"Va a llegar 2011 y no vamos a tener profesionales en el sector", ha dicho el representante sindical, quien ha reclamado al Gobierno "financiación suficiente" para llevar a cabo la formación prevista en la ley.