Las agresiones a los profesionales sanitarios se considerarán como un riesgo laboral en la Comunitat Valenciana, según establece el decreto por el que se establecen las actuaciones para la prevención y atención de los ataques a los trabajadores de este sector.
El reconocimiento del decreto, aprobado ayer en el pleno del Consell y presentado en la rueda de prensa posterior por la consellera portavoz, Paula Sánchez de León, implica que estos asuntos serán competencia del servicio de riesgos laborales de la Conselleria de Sanidad.
Este decreto tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados de las agresiones en el ámbito laboral, tipificadas como ilícito penal.
Entre las recomendaciones que recoge se encuentra la necesidad de elaborar un Plan Integral de Prevención y Atención de las Agresiones, que abarque a todos los trabajadores del sector sanitario público de la Generalitat, y en el que se incluirán acciones destinadas a prevenir los actos de violencia.
El plan también desarrollará mecanismos para actuar en caso de agresión dando cobertura legal y sanitaria, según han indicado fuentes de la Generalitat.
De igual modo se recomienda que se establezcan las directrices y líneas generales para que este plan se ejecute en los departamentos de salud, integrándose con entidad propia, en el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales.
Otra de las novedades es la creación de un registro informatizado de agresiones que permita el mejor y más minucioso conocimiento del fenómeno de la violencia en este sector y la elaboración del mapa de accidentes/incidentes sobre agresiones.
Estos documentos serán elaborados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y se atendrán a lo establecido en el Plan Integral de Prevención y Atención de las Agresiones.
Según los datos de la Conselleria de Sanidad, desde 2007 hasta la fecha se han registrado un total de 197 agresiones, que incluyen tanto físicos como verbales.
Por categorías profesionales, el mayor número (160) corresponden a facultativos y pediatras, seguidos de enfermeros y auxiliares de enfermería (35); y el menor número se registra en celadores (1) y auxiliares administrativos (2).
Otro de los decretos aprobados hoy por el Gobierno valenciano es el que modifica el reglamento de salones recreativos que, entre otras cuestiones, prohíbe instalar un local de este tipo o cambiar la clasificación de uno existente cuando haya otro dentro de un radio de 200 metros.
Asimismo, se amplía el plazo de validez de las autorizaciones, que no podrá exceder de diez años, cuando antes eran cinco.
El pleno del Consell también ha aprobado la firma de un convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción para la construcción de nuevas instalaciones del Centro Tecnológico del Mármol y Actividades Mineras.
El presupuesto para esta obra asciende a los 7 millones de euros, de los que 4,9 serán puestos por el Ministerio, provenientes de fondos FEDER, y 2,1 por la Generalitat, según los datos facilitados por la portavoz del Consell.
El Consell también ha autorizado en su reunión de hoy proceder a la revisión, a favor de la Generalitat, de una parcela de 640 metros cuadrados de superficie propiedad del Ayuntamiento de Alicante, que se cedió al consistorio con la finalidad de ser destinada a equipamiento de uso asistencial, por incumplimiento de la cesión.
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