La Justicia laboral de San Isidro intimó a la empresa Kraft Foods a reincorporar a un delegado gremial despedido, bajo apercibimiento de aplicarle una multa de 2.000 pesos diarios, mientras que el Gobierno bonaerense ordenó reducir, en forma gradual, la custodia policial en la planta que la compañía tiene en la localidad de General Pacheco.
En este clima enrarecido, representantes de la empresa, dueña de la ex Terrabusi, y de la comisión interna junto con el gremio de la Alimentación mantendrán este viernes a las 9:00 una reunión crucial en el Ministerio de Trabajo, donde se espera también una movilización de trabajadores.
Un nuevo ingrediente se sumó al conflicto que lleva tres meses a partir de la resolución adoptada por el Tribunal de Trabajo número 1 de San Isidro, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada en favor de Ramón Bogado, uno de los delegados echados por la compañía y que le fue impedido el acceso a la planta.
La medida fue dictada por los jueces Julián Lescano Cameriere, Gonzalo Nieto Freire y Osvaldo Adolfo Maddaloni, quienes obligaron a la firma a permitirle la "entrada inmediata al establecimiento" a Bogado para continuar con sus actividades gremiales.
En el fallo, los magistrados advirtieron a Kraft que en caso de desobedecer la medida aplicarán una multa de 2.000 pesos diarios hasta el día de su cumplimiento, aunque el mandato de Bogado como delegado vence este viernes y una asamblea debería extenderlo.
En la resolución, los jueces consideraron que la reincorporación de Bogado a sus tareas gremiales "no es un peligro para personas ni para bienes" de la Compañía, según indicó uno de los abogados del sindicalista, Juan Pablo Fiorini, aunque no se ordena que sea reintegrado a sus actividades laborales.
Bogado tomó conocimiento de la medida judicial durante una conferencia de prensa compartida con el titular de Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.
"El pedido judicial era la reincorporación de todos los despedidos. Producto de nuestra lucha se permitió que entraran 50 compañeros", sostuvo Bogado, aunque consideró que "con esta resolución entraremos todos a la fábrica".
Criticó al Ministerio de Trabajo porque "estuvo muy retrasado, durante 40 días estuvimos solos con una gran represión dentro de la fábrica".
Dijo que la medida judicial "no descomprime el conflicto" y pidió la intervención de la presidenta Cristina Kirchner para "lograr soluciones políticas".
Los delegados de la comisión interna de la ex-Terrabusi no pudieron ingresar a la planta y los trabajadores amenazaron con cortar el tránsito en la Panamericana y bloquear el acceso a la fábrica.
Según denunció el delegado Jorge Penayo, la empresa impidió nuevamente el ingreso de los representantes sindicales, pese a la orden que recibió del Ministerio de Trabajo.
En la víspera, la empresa ofreció reincorporar a otros 20 empleados despedidos que se sumarían a los 30 reincorporados el 5 de octubre, pero la comisión interna no aceptó firmar el acuerdo.
Por su parte, el gobernador Daniel Scioli instruyó al ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, para que gradualmente se disminuya la presencia policial en el interior de la planta industrial de la empresa ubicada en la localidad de General Pacheco.
Según informaron fuentes oficiales, Scioli y Stornelli analizaron el cuadro de situación de la ex Terrabusi durante una reunión en la sede de la Gobernación, de la que también participó el ministro Eduardo Camaño.
"Buscamos que se pueda ir normalizando la producción", dijo Scioli tras la reunión con Stornelli y Camaño.
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