Se acaba de promulgar la Ley de Fomento al Primer Empleo en México, esta reforma implica la reducción del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Empresarial a Tasa Única a todo empresario que cree un nuevo puesto laboral. Esta deducción en los impuestos tendrá una vigencia de 3 años como máximo por cada empleo nuevo. Sin embargo, no podrá ser mayor a los 8 salarios mínimos correspondientes a cada región.
Estos beneficios se darán para que los empleadores puedan soportar los gastos de seguridad social que se pagan al INFONAVIT, al IMSS y al SAR. No habrá una deducción adicional en el caso de que se sobrepase el monto, ya que no se use este sistema para evadir impuestos. Es un estímulo para que los empleadores contraten nuevo personal.
El empleador podrá deducir sus impuestos automáticamente e informarlo a fisco, sin el problema de la evasión o elusión. Sin embargo, tendrán que planear muy bien el puesto de trabajo a crear para que el programa funcione, si piensan en tomar gente para pasar el tiempo, no les va a servir.
La ley de Fomento del Primer Empleo tiene sus detractores desde el inicio del programa creado en 2007 por el Presidente Calderón, ellos dicen que este no cumple con las leyes nacionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos. La ley afirma que “quienes ingresan a trabajar por primera vez, ellos y sus familias van a recibir todos los beneficios de la seguridad social como son: el servicio de salud, la cobertura por enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo, guarderías, además el derecho a una pensión” y demás prestaciones contempladas en la ley. Pero se olvida que todo lo nombrado anteriormente es reconocido como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Por otro lado, es una obligación de los empleadores registrar a los nuevos empleados al IMSS y el pago de la cuota obrero patronal, tal como dice el artículo 15 y 287 de la Ley de Seguro Social. El incumplimiento de estos artículos se compara a la infracción de defraudación fiscal, como sucede con los empleadores que “no formulen los avisos de inscripción o; proporcionen al instituto datos falsos evadiendo el pago o reduciendo el importe de las cuotas obrero patronales, en perjuicio del instituto o de los trabajadores”.
En el caso de que un empresario cometa el delito de defraudación fiscal a través de engaños o aprovechando los errores, omitiendo parcial o totalmente el pago de alguna contribución u obtenga beneficios de esto, se le sancionará de 3 meses a 9 años de prisión, dependiendo del monto de la defraudación. Esto es lo que aclara el Código Fiscal de la Federación en su artículo 108.
Por lo cual, esta ley “legaliza” todo lo que el Código Fiscal había regularizado y pone en jaque a todas las leyes antes promulgadas para beneficiar a los empresarios y no a la población.
Sin embargo, son muchos los que están a favor de esta Ley, por ejemplo los representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijeron que avalarían la propuesta a pesar de ser un nuevo gasto fiscal. Mientras que los miembros del Partido del Trabajo (PT), creen que es un estímulo para la contratación de nuevos empleados y la inclusión de los ex trabajadores de Mexicana en esta reforma.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), avaló la ley aludiendo que el desempleo es uno de los mayores problemas en México y esta es una buena oportunidad para ir solucionándolo gradualmente e ir resolviendo la falta de esperanza de los jóvenes que ven su futuro incierto.
El impulsor de la ley, Manlio Fabio Beltrones, dijo: “"Los jóvenes y los no tan jóvenes que nunca han tenido un empleo formal podrán ser hoy privilegiados frente a otros, de tal suerte que rompamos ese círculo vicioso en el cual muchos de ellos no encuentran el empleo por no tener experiencia previa”. Mientras que el Gustavo Rodarte de la Serna, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), apoya le ley pero pidió reglas sencillas para que pueda llevarse a cabo.
Por otra parte, Rodarte de la Serna, indicó que la creación de nuevos puestos laborales ayudan a la recuperación económica y al desalojo de la pobreza. También, puso en claro que es grave la cantidad de jóvenes que no tienen posibilidades de estudiar y trabajar, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El diputado Jesús Alberto Cano, dijo: "Que (esta ley) es justamente lo que requiere nuestro país para otorgarle el empleo a los mexicanos, particularmente a los jóvenes que se están incorporando al mercado de trabajo y que no tienen dónde trabajar, especialmente nuestros hijos que están saliendo de las universidades"
Por su parte, el legislador Gerardo de los Cobos comentó: "Es importante también que demos esas nuevas oportunidades, para que se den empleos formales en la economía formal, cumpliendo con todos los aspectos legales e ir abandonando el grave problema de la economía informal".
Se cree que el costo fiscal de este proyecto será menos a los seis millones de pesos, que se buscará generar 100 mil empleos, los cuales devolverían a los recursos públicos el 70% del pago de seguridad social. Mientras tanto el déficit anual de desempleo es de 200 mil puestos de trabajo y según la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo (ENOE) realizado en el segundo trimestre de este año, hay casi 2 millones y medio de desocupados, casi 4 millones de subocupados, lo cuales en su mayoría son jóvenes.
En los próximos meses se irá viendo los resultados de esta controvertida ley, que puede ayudar a México o generarle grandes pérdidas económicas.
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