Los presidentes de los bloques radicales de Diputados y Senadores, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales, anunciaron que presentarán un proyecto de ley que define de “interés público” los fondos que perciben los sindicatos y obras sociales, obliga a los gremialistas a presentar declaraciones juradas y establece incompatibilidades para ejercer funciones empresas proveedoras.
“Queremos dotar de transparencia el manejo de fondos de sindicatos y obras sociales” y “posibilitar que los trabajadores conozcan el uso del dinero que se destina a su salud y la organización social”, afirmó Gerardo Morales durante una conferencia de prensa que compartió con su par de Diputados.
Los legisladores fundamentaron la declaración de “interés público” de los fondos de los sindicatos y obras sociales en que “es toda la sociedad la interesada en conocer cómo se perciben y como se emplean”, porque “no se trata de recursos privados porque las organizaciones cumplen con una finalidad pública”.
Morales expresó que la actividad política y la sindical son “las actividades más excelsas” del ser humano, porque implican asumir funciones a favor de transformación de la sociedad y de la canalización del derecho de los trabajadores”.
Los senadores adelantaron que presentarán el proyecto y en las próximas sesiones de ambas cámaras pedirán un trato preferente par alguna sesión del mes de abril para que sea debatido después de ser aprobado por las comisiones respectivas.
La iniciativa declara de interés publico “todos los fondos percibidos en concepto de aportes, cuotas contribuciones y recursos de cualquier naturaleza que reciban de sus trabajadores las asociaciones sindicales y las obras sociales”.
El proyecto propone “la transparencia activa” que obligue a dar información permanente y de forma actualizada toda información requerida por el trabajador”, que comprende la remuneración mensual por cargo, el listado de las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, los aportes de fondos de distintos origen, así como las nóminas de los aproes y beneficiarios de las transferencias.
La propuesta de los opositores obliga también a los sindicalistas y directivos de obras sociales a presentar declaraciones juradas de su patrimonio, al inicio, en forma anual y al concluir sus funciones.
El proyecto dedica un capítulo completo a fijar incompatibilidades y establece que “queda prohibido a los cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los sujetos que realicen contrataciones de prestación de servicios, concesiones, se proveedor o realizar cualquier actividad vinculada con las asociaciones sindicales y obras sociales”.
El proyecto lleva las firmas de los titulares de los bloques de ambas cámaras y la rúbrica de todos los legisladores de la UCR del Senado.
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