BUENOS AIRES. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, presidirá esta tarde un acto donde se homologarán los convenios de corresponsabilidad gremial (CCG) para la actividad de la cosecha vitivinícola de Mendoza, San Juan y Río Negro, lo que permitirá la registración de 75.000 trabajadores.
Al homologarse estos convenios, los representantes de los trabajadores y los productores del sector vitivinícola de las tres provincias mencionadas asumen el compromiso de incluir al trabajo registrado a alrededor de 75.000 empleados, haciendo efectivo el goce del derecho a la seguridad social de un sector postergado.
La entrada en vigencia de estos convenios permite el registro de miles de trabajadores dedicados a la cosecha y recolección de uvas destinadas a la elaboración de vinos.
La secretaria de Seguridad Social, Ofelia Cédola, homologará los CCG subscriptos en las provincias de Mendoza y San Juan, mientras que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, las Cámaras de productores y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, suscribirán el convenio para la actividad en esa provincia.
También participarán del acto, que se llevará a cabo en el Salón Islas Malvinas de la cartera laboral a partir de las 16, el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar; los gobernadores de Mendoza, Francisco Pérez; y de San Juan, José Luis Gioja; representantes de trabajadores y productores de la actividad, y distintas autoridades nacionales y provinciales.
Los CCG subscriptos entre entidades representativas de trabajadores y productores permiten el acceso a los distintos subsistemas de la seguridad social del trabajador y su familia: obra social, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, cobertura por Riesgos del Trabajo y seguro por desempleo.
La flexibilidad del instrumento permite adaptarlo a las características propias de las economías regionales: se reemplaza el pago mensual de aportes y contribuciones por una tarifa sustitutiva adecuada a cada ciclo productivo.
Para su recaudación, las partes designan un Agente de Retención, que la ingresa a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para su distribución entre los distintos subsistemas.
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