Una reforma impositiva que baje la presión tributaria sobre el sector laboral beneficiaría al mercado de trabajo porque reduciría la tendencia empresarial a evadir impuestos y con ello retrocedería la tercerización de la mano de obra.
Así lo analizó este domingo un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en el que remarcó que casi dos de cada tres pesos de un salario van a parar a las arcas del Estado, y no al bolsillo del trabajador.
La tercerización, un método de organización de la producción consistente en delegar en otra empresa fragmentos de los procesos productivos, tomó relevancia en los últimos días cuando un militante político murió al recibir un disparo en medio de una manifestación contra ese esquema laboral.
La empresa sobre la que se terceriza puede operar en sus propias instalaciones o en las del que contrata la forma laboral.
En ambos casos, el objetivo principal es aprovechar la especialización para aumentar la eficiencia y, con ello, la productividad; única forma de aumentar de manera sostenida y sustentable los salarios reales.
En la Argentina, estos mismos motivos para la tercerización están presentes, pero también operan poderosos incentivos a utilizar la tercerización como medio para eludir todos o partes de los costos que generan las leyes y los convenios colectivos.
“Desde este punto de vista, la tercerización es un mecanismo subrepticio de informalidad”, dijo el estudio.
Por eso, para reducir la “tercerización espuria” hace falta una profunda revisión de la legislación impositiva y laboral que actualmente hace que para una gran parte del espectro productivo resulte imposible operar dentro de la ley, dijo IDESA.
Según el Instituto, para entender los factores que inducen a que empresas privadas y públicas apelen a la figura de la tercerización es necesario dimensionar el impacto que las normas impositivas y laborales tienen sobre la contratación.
Un ejemplo concreto sobre los costos de contratar permite obtener una primera aproximación cuantitativa al fenómeno.
Suponiendo un sueldo bruto de 1.235 pesos, el trabajador recibe como “salario de bolsillo” 1.000 ya que está sujeto al 19 por ciento en concepto de aportes personales a la seguridad social y los sindicatos.
El empleador eroga 1.590 pesos ya que esta obligado a pagar aproximadamente 29 por ciento del salario bruto en concepto de contribuciones patronales con el mismo destino.
Es decir, por cada 3 pesos que paga una empresa en costos laborales el trabajador recibe “de bolsillo” menos de 2 pesos.
A esta brecha se le adicionan otros costos ocultos tan o más potentes como factor de estimulo a la informalidad: uno de ellos es la litigiosidad laboral, especialmente, en relación a juicio por accidentes y enfermedades profesionales.
Otros son las disposiciones de los convenios colectivos de trabajo que llevan a que idénticas tareas tenga retribuciones y costos laborales arbitrariamente diferentes.
Bajo estas condiciones, la informalidad -en algunos casos apelando a la tercerización- aparece como una opción para dar rentabilidad y en algunos casos viabilidad al emprendimiento productivo.
Entonces, para combatir estas conductas fraudulentas, se necesita mucha más eficiencia del sector público en su rol de control y penalización, dijo IDESA.
Pero más importante es revisar las distorsiones regulatorias e impositivas que hacen que el cumplimiento de las normas en la Argentina sólo sea posible para las grandes empresas que constituyen un núcleo pequeño de altos niveles de productividad.
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