Alrededor de cinco millones de trabajadores del país (de los cuales unos 105.000 están radicados en Tucumán) no gozan de un beneficio jubilatorio, ni tienen cobertura de obra social, porque sus patrones no registraron su condición laboral. Esa cifra representa el 44,2% del total de asalariados que, en los 28 aglomerados urbanos de la Argentina, llegan a los 11,4 millones de personas, dice un cable de la agencia DyN.
Los datos surgen de los indicadores socioeconómicos del primer semestre del año, difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el caso del aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo, el índice de empleo no registrado descendió durante la primera mitad del año, al compararlo con el del mismo período de 2005.
En el primer semestre, el 51,6% de los asalariados de la provincia no fue registrado por sus patrones, una mejora de más de ocho puntos porcentuales respecto de la primera mitad del año anterior. De esa manera, Tucumán dejó de liderar el ranking nacional respecto de la informalidad laboral. Según los datos oficiales, entre los aglomerados más afectados por el trabajo en negro figuran: Jujuy-Palpalá (55,8%); Corrientes (53,3%) y Santiago del Estero-La Banda (52,3%). Como contrapartida, los aglomerados patagónicos son los que registran la menor tasa de trabajo no registrado del país (un 24,6% en promedio).
Fiscalizaciones
Con la mejora de casi 1,6% en todo el país, cerca de 400.000 trabajadores pasaron a tener un empleo registrado, de los cuales alrededor de 8.000 son tucumanos, según estimó el titular de Estadística, José Luis Ruiz.
El funcionario consideró que los operativos de fiscalización fueron eficaces para mejorar la condición laboral de los trabajadores. En lo que va del año se fiscalizaron 83.674 empresas con unos 262.900 empleados, dice un informe del Ministerio de Trabajo. De ese total, el 24,5% de los empleados fiscalizados estaba en negro.
Según el diagnóstico, citado por la agencia Télam, entre 2003 y 2004, el 25% de los empleados que permanecían irregulares, normalizaban su situación tras las inspecciones. La lucha contra el empleo en negro se constituyó en una cuestión de Estado, dijo ayer el subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social, Julio Casavelos. Con ese fin, esa área afectó a 800 empleados -la mitad son inspectores- al Plan Nacional de Fiscalización del Trabajo.
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