La gestión de los recursos humanos en el sector público presenta algunos problemas que pueden verse agravados con la reforma laboral y los cambios que puedan producirse por las medidas aprobadas con la crisis. Unas medidas sobre las que la mayoría está a favor y sobre las que preocupa es la resistencia al cambio cultural de los empleados públicos para que asuman un nuevo papel dentro de su trabajo.
En España hay un total de 2.680.000 trabajadores públicos en las administraciones central y autonómica. Una plantilla cuya gestión lleva consigo algunos problemas. De hecho, los procesos de selección en la Administración no siempre son eficaces y no se adaptan a las necesidades actuales según opina el 78% de los encuestados dentro de la I Encuesta de la Administración Pública realizada por Adecco entre 300 responsables de Administraciones Públicas de toda España.
Y es que el Estatuto Básico del Empleado Público establece unos procesos de selección conforme a determinados criterios como la igualdad o la capacidad en el acceso al empleo público, entre otros, que parecen no ser eficaces y que no están suficientemente desarrollados, ya que el 85% de los encuestados manifiesta que no está de acuerdo con los procesos de selección. Además, creen que tampoco las administraciones tienen correctamente desarrollado el sistema de evaluación de desempeño de su trabajo conforme se establece en la legislación.
Según los representantes de la Administración encuestados, los tres puntos más importantes en la gestión de los recursos humanos en este sector es aumentar la eficacia, lo que opinan el 79%, así como mantener los servicios a la ciudadanía con el 59%. Además, el 55% considera clave racionalizar los recursos humanos en los diferentes departamentos.
Una gestión de los recursos humanos que no se verá mejorada en gran medida por la entrada de las empresas de trabajo temporal en la Administración Pública para gestionar los recursos humanos, tal y como se contempla en la Reforma Laboral, ya que tan sólo el 39% de los encuestados ha señalado que esta modificación de la ley contribuirá beneficiosamente en esa gestión.
Además, según el estudio, el 70% de los encuestados considera necesarias y correctas las medidas aprobadas por el Congreso para situar un máximo de gasto público, si bien alrededor del 48% señala que se buscarán soluciones alternativas a la contratación de personal para cubrir necesidades de cara a la ciudadanía. Un 46% cree que se limitará la contratación de efectivos.
La encuesta también refleja que el 55% de los encuestados está convencido de que la plantilla de la administración pública en la que desempeñan sus funciones disminuirá, una merma de plantilla que para el 65% será de entre un 1% y un 5%. De hecho, para el 64%, la Administración será el sector en el que más recortes económicos se realizarán en la reposición de efectivos.
Ante este contexto, el 40% de los encuestados afirma que nacerá tras la crisis una nueva forma de ver los recursos humanos en la Administraciones Públicas, aunque hay un 29% que cree que el sector público cambiará pero en menor medida y un 22% opina que los cambios serán escasos, aunque sí serán importantes.
En relación a esos cambios, lo que más preocupa a los responsables de las administraciones públicas es la resistencia al cambio al cultural por parte del empleado público para que asuma nuevas pautas en el trabajo, situación que inquieta al 64%.
Pero, además, también están preocupados, en el 57%, por la falta de motivación personal y en el 39% por la inexistencia de flexibilidad y el sobredimensionamiento de las plantillas, así como por la falta o la inexistencia de desarrollo de la Relación de Puestos de Trabajo. Sólo el 27% está preocupado por la incorrecta retribución salarial que, junto con la falta de descentralización de las organizaciones, son los problemas que menos inquietan a los trabajadores.
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