La actividad agrícola en los Estados Unidos podría ser la más afectada de no concretarse una reforma migratoria que ofrezca una solución a los trabajadores del campo, en su mayoría inmigrantes indocumentados, advierten agricultores.
La Coalición agrícola para la reforma de la inmigración advierte que si no se facilita la emisión de visas a trabajadores extranjeros —en su mayoría procedentes de México— la industria agropecuaria y otras afines pueden entrar en crisis aguda.
Ese fue el mensaje de Fred West, empresario avícola e integrante de la coalición, en una reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, en Atlanta esta semana.
“Si las industrias agrícolas de elevada mano de obra se ven forzadas a desplazarse al extranjero, perderemos entre tres y cuatro empleos en los sectores económicos afines por cada trabajador de granja. Estos son buenos empleos ocupados en su mayor parte por estadounidenses”, dijo West, vicepresidente de la granja avícola Amick Farms de Carolina del Sur.
West se refería a industrias como las de tractores, maquinaria, transporte, parte de la “logística de la agricultura” que se verían afectadas.
A la reunión del lunes asistieron también Don “Skeeter” McCorkle, director ejecutivo de McCorkle Nurseries, de Georgia, y Truett Cathy, fundador y presidente de la cadena de comida rápida Chick-fil-A, con sede en Atlanta.
Georgia tiene una de las legislaciones más duras contra la inmigración ilegal.
Las empresas agropecuarias del estado han expresado su preocupación por el impacto que ésta va a tener sobre la mano de obra inmigrante del sector, y en Washington, el senador republicano por Georgia Saxby Chambliss se ha hecho eco de ello.
Chambliss ha presentado la iniciativa S. 2087, conocida por el nombre de “Ley de protección del empleo y la fuerza laboral agrícola”, que busca, en sus propias palabras, “proveer un mecanismo que resuelva la presencia de trabajadores agrícolas indocumentados en EE.UU. sin crear una potencial paralización del trabajo en las granjas del país y sin ofrecer una nueva senda para la ciudadanía”.
John Farner, director de relaciones legislativas de American Nursery & Landscape Association, una asociación de viveros con sede en Washington que creó la coalición agrícola para la reforma migratoria, dijo que la eventual deportación de todos los trabajadores agrícolas de EE.UU. pondría fin a esa industria.
“Toda la comida fresca tendría que llegar de México, de Canadá y de otros países”, dijo Farner.
También señaló los peligros que supondría ello para las industrias vinculadas a la agricultura.
“Se acabarían muchos empleos en John Deere”, dijo con referencia a una de las principales fábricas de tractores y otra maquinaria agrícola, “y esos trabajos son realizados por estadounidenses”.
La coalición propone una simplificación de la emisión de la visa H-2A para trabajadores agrícolas temporales y elevación del salario mínimo que fija la ley, de manera que ésta no tenga un efecto adverso sobre los ingresos de los trabajadores agropecuarios al aumentar la oferta laboral.
Asimismo, la coalición postula un mecanismo para la legalización de trabajadores que demuestren su experiencia en la agricultura.
Farner dice que el sector necesita la mano de obra inmigrante porque no hay suficientes ciudadanos estadounidenses y residentes legales interesados en trabajar en él.
“Es algo que ocurre también en el sector manufacturero. El nivel educativo de los estadounidenses va en aumento y estos jóvenes buscan empleos en la alta tecnología”, dijo.
“Muchos obreros que han pasado toda la vida en una fábrica no quieren que sus hijos sigan sus pasos. Lo mismo pasa en la agricultura de mucha mano de obra”, añadió.
Para Farner, el presidente George W. Bush y el secretario de Comercio comprenden la urgencia del asunto.
“Gutiérrez mismo es un inmigrante que vino de Cuba en la década de los
Farner también expresó optimismo de que más legisladores en
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