Si el primer reparto de emisiones contaminantes para cumplir el Protocolo de Kioto puso en guardia a la industria española cuando se planteó en 2004, el segundo plan que el Gobierno prepara augura unas negociaciones no menos movidas.
El Ejecutivo tiene claro que si no plantea un recorte en el reparto de los derechos de dióxido de carbono (CO2), España no podrá cumplir con Kioto en 2012, el año fijado para que los países rindan cuentas sobre el acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
El Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de 2008 a 2012 prevé recortar la cantidad de CO2 que se repartirá entre las compañías en un 16,6%, en comparación con la cifra fijada para el primer plan de Kioto, previsto de 2005 a 2007.
Nueva asignación
El Ministerio de Medio Ambiente baraja un reparto para el segundo periodo de unos 145 millones de toneladas de CO2 al año, frente a los 174 millones anuales del primer PNA. Con los precios de la bolsa europea de emisiones (en torno a 26 euros por tonelada –más del triple que hace un año–), esta rebaja de 29 millones de toneladas en la asignación de derechos costará a las empresas más de 3.780 millones de euros.
A esta carga derivada de la rebaja del PNA, hay que añadir el coste por el déficit de derechos que tiene la industria española. Este déficit se estima en, al menos, unos 25 millones de toneladas de CO2 al año, valorados en unos 650 millones de euros anuales (3.250 millones en cinco años).
Por lo tanto, el gasto total por la compra de derechos en cinco años (de 2008 a 2012) superará los 7.000 millones de euros, incluyendo el déficit de derechos y el recorte previsto para el segundo plan de Kioto. Éste casi cuadruplica el previsto para el primer PNA, que asciende, a precios actuales, a 1.950 millones de euros de 2005 a 2007.
Los Ministerios de Medio Ambiente e Industria tienen intención de diseñar el segundo plan de Kioto considerando el balance de 2005 –el primer año de funcionamiento de la bolsa de CO2– y las peticiones de las empresas.
El gabinete de Cristina Narbona ha pedido, mediante un cuestionario distribuido a través de la patronal CEOE a las 957 instalaciones afectadas por Kioto, información sobre emisiones y tecnologías.
En cambio, las eléctricas (que acaparan más de la mitad de los derechos de CO2 repartidos en el primer plan de Kioto) aún no han sido contactadas. Fuentes de las empresas y el Ejecutivo coinciden en que hasta que la opa de Gas Natural sobre Endesa no se resuelva, las negociaciones de Kioto no se iniciarán.
La decisión del Gobierno de recortar el reparto de 2008 a 2012 responde, en realidad, a una petición de la Comisión Europea, que pidió en diciembre que los futuros PNA sean más estrictos. España es el país de la UE que más incumple los objetivos de Kioto. El Protocolo le obliga a que el incremento de sus emisiones no supere en 2012 el 15%, frente a 1990. En 2005, España ya superaba un 42% los niveles de 1990.
“El propio PNA de 2005 a 2007 ya dice que es necesario un recorte en la segunda asignación. En cualquier caso, la Comisión Europea ha hecho sus cálculos ignorando el uso de mecanismos de flexiblidad”, asegura Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general de Cambio Climático.
Proyectos limpios
Para cumplir con Kioto, el Ejecutivo confía, precisamente, en estos instrumentos. De hecho, el primer PNA se basa en lograr una reducción de la contaminación del 2% a través de sumideros (absorción de CO2 por masas forestales) y del 7% a través de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) y acciones de aplicación conjunta (JI).
Los MDL son inversiones limpias en Latinoamérica y los JI, en el norte de África y Europa de Este, que generan créditos de CO2 válidos para que las empresas cumplan Kioto. Compañías como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gamesa, Repsol YPF y Ence ya tienen MDL en marcha.
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