El estudio publicado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) se llama “Control y efectos de las actividades de mercado: Evidencia de la política de los consumidores”, producido por los investigadores Dragos Adascalieti y Clemente Pignatti Morano, indica tendencias de las reformas legislativas laborales y de mercado de trabajo se llevaron a cabo 110 países entre 2008 y 2014.
El fundamento común observado en las diversas iniciativas de reforma, en el contexto de la grave crisis y el estancamiento económico con el desempleo, fue aumentar la competitividad de las economías (léase reducir el coste del trabajo) y crear puestos de trabajo (léase flexibilizar contratos de trabajo).
Resaltan acciones para reformar la legislación del mercado de trabajo, especialmente en lo que se refiere a los contratos permanentes, y reestructurar las instituciones de la negociación colectiva (procesos de negociación, legislación, sindicatos). Las dos dimensiones están presentes, con mayor o menor intensidad, en la mayoría de los proyectos de reforma implementados.
Una mirada general muestra que la mayoría de las reformas han disminuido el nivel de regulación existente. Se observaron y analizaron 642 cambios en los sistemas de trabajo en los 110 países. En el 55% de los casos, las reformas pretendían reducir la protección al empleo, alcanzando a toda la población, tenían carácter definitivo, produciendo un cambio a largo plazo en la regulación del mercado de trabajo.
El desempleo creciente y duradero creó el ambiente para catalizar las iniciativas de reforma y disputar la opinión de la sociedad sobre ellas. Por otro lado, los resultados encontrados en el estudio no indican que las reformas del mercado de trabajo hayan generado efectos o se hayan promovido cambios en la situación del desempleo.
Se debe prestar mucha atención al hecho de que el estudio indica que cambios como éstos en la legislación laboral, realizadas en período de crisis y que apuntan a reducir la protección, pueden aumentar la tasa de desempleo a corto plazo. También no se observó ningún efecto estadístico relevante cuando esos cambios fueron implementados en períodos de estabilidad o expansión de la actividad económica. Estos resultados son corroborados por otros estudios producidos por el FMI y la OCDE en 2016.
En el total de reformas, se destacan aquellas que disminuyen los niveles de regulación, de las cuales el 74% se ocupó de jornada de trabajo, el 65% de contratos de trabajo temporal, el 62% de despidos colectivos, el 59% de los contratos permanentes, el 46% negociaciones colectivas y el 28% de otras formas de empleo.