ASTURIAS. Médicos residentes, compañeros y personal del Hospital Central Universitario Central de Asturias (HUCA) ratificaron ayer ante el juez la tesis de la médica Carmen Fernández García-Gudín, del servicio de Medicina Nuclear, que denunció a cuatro ex directivos del complejo sanitario por acoso laboral. Ayer tuvo lugar la segunda sesión de este proceso judicial, en el que los ex directivos se enfrentan a una pena de siete años de prisión.
Entre los citados ayer como testigos estaba el presidente del Comité de Empresa del Hospital General, Gonzalo Gayol, quien aseguró que en una reunión con el ex gerente del HUCA, Abelardo Román, éste llegó a asegurar que la médica denunciante estaba «loca». Por su parte, antiguos facultativos residentes confirmaron ante el juez de lo penal número 4, de Oviedo, que la entonces responsable de Medicina Nuclear, Carmen Roiz, les había entregado una carta en las que les pedía que no mantuvieran ningún tipo de contacto con la médica que luego denunció ser víctima de mobbing.
La defensa de la médica solicita el pago de una indemnización de dos millones de euros de indemnización.
Otros testigos, declararon en contra de la demandante. Una ex médica, señaló que la médica Carmen Fernández García-Gudín se sentía discriminada, aunque «sin motivos», porque «en el trabajo siempre se le trató como al resto de los adjuntos. Pero ella quería ser jefa y no lo pudo conseguir».
Los ex directivos en su defensa, declararon el martes pasado que Fernández García-Gudín "estaba obsesionada con ser jefa" y que "buscaba otra cosa que no le correspondía a su categoría de adjunta".
El ex subdirector médico de servicios básicos, José Astudillo, manifestó que la denunciante estaba "obsesionada" con ser la jefa. "Durante un año estuvo viniendo a mi despacho, todos los días, a las 7.45 horas, para plantearme las mismas quejas", señaló.
"La denunciante vivía una situación kafkiana y llena de mentiras. Estamos los cuatro aquí porque ella quería ser jefa y nunca lo consiguió", añadió, el doctor Astudilo.
En este mismo sentido declararon la ex responsable del servicio de medicina nuclear del Hospital, Carmen Roiz; y el ex gerente del Hospital Central, Abelardo Román Roja. Ambos aseguraron que "nunca se le prohibió a la denunciante acudir a congresos" y que mantuvieron varias reuniones con García-Gudín para solucionar los problemas.
La abogada reclama que se condene a los cuatro acusados por un delito continuado de lesiones psíquicas (tres años de cárcel) y un delito continuado contra la integridad moral (cuatro años de prisión), con la agravante de prevalecerse del carácter público.
La facultativa comenzó a trabajar como residente en la especialidad de Medicina Nuclear en el Hospital, el 6 de marzo de 1976. Según el escrito de acusación la médica es sometida a "humillaciones, no sólo desde el punto de vista personal, sino también desde el profesional".
Fue nombrada adjunto interino con fecha de 1 de enero de 1980, y en abril del mismo año, mediante oposición nacional obtuvo plaza de Médico Adjunto con carácter definitivo, en régimen de personal laboral.
"DESVALORAR" A LA DENUNCIANTE
A partir de 1989, según mantiene la acusación particular, es cuando, por orden expresa de que fuera jefa de Servicio comenzó a "desvalorar" a la denunciante, "personal y profesionalmente" y se le prohibió asistir a cursos de formación para el manejo de nuevos aparatos de diagnóstico nuclear.
Entre otras cuestiones, añade el escrito, se le desconvocaban pacientes o se autorizaba por escrito a personal no sanitario a que hiciera el trabajo que debería corresponderle a ella, "todo ello con el ánimo de destruirla psicológicamente".
Según el documento, a pesar de su antigüedad, en el año 1994 la doctora que presentó la denuncia "fue expulsada de su despacho para ubicarla en una habitación sin luz y con ventilación a servicios higiénicos –al mismo rellano que el retrete vecino–, para dedicar el que había sido su lugar de trabajo a la creación de una sala de café para el personal del servicio".
La facultativa presentó varias denuncias ante la Gerencia y la Dirección y Subdirección Médica y, en mayo de 2006, ante la Inspección de Trabajo.
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