La Central de Trabajadores de la Argentina se movilizará este jueves 3 de marzo hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la urgente convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, paritarias libres sin techo, combate frontal a la tercerización y precarización laboral, por el 82% móvil para los jubilados y el restablecimiento del cien por ciento de los aportes patronales para financiar el Sistema de Previsión Social.
La manifestación de la CTA volverá a poner sobre el tapete la "exigencia", según un comunicado de prensa, "de que impere efectivamente la libertad y democracia sindical luego de la dura condena de la OIT al Gobierno argentino". La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó otro dictamen en contra del “modelo sindical argentino” y urgió al Gobierno Nacional a modificar la Ley 23.551 y a otorgar la Personería Gremial de la CTA.
Más de 2.500 organizaciones sindicales no tienen Personería Gremial y alrededor de un millón de organizaciones de nuevo tipo tienen cajoneados en el Ministerio de Trabajo de la Nación sus pedidos de inscripción gremial, según la Central. Es que luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que equipara la figura de los delegados de organizaciones sindicales simplemente inscriptas con los de aquellas que cuentan con Personería Gremial otorgándoles tutela sindical, derecho a la nómina y participación en el conflicto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada -que, como dice el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, está más entusiasmado en llevar adelante su precandidatura a Jefe de Gobierno porteño que a ocuparse de la repartición laboral- ha mandado al "freezer" las solicitudes de inscripción gremial de cerca de mil nuevas organizaciones.
Para Micheli, la marcha de este jueves servirá para dejar en claro que "vamos por una Central de masas, de millones de trabajadores, esa es la legalidad más importante, la que da la organización popular y se obtiene en la lucha, ganando la calle, no fatigando los despachos oficiales".
También reafirmó que "no claudicaremos en nuestro reclamo por un aumento salarial de por lo menso el 30%, porque los incrementos del año pasado quedaron desfasados por la inflación".
A su turno, José Rigane, secretario adjunto de la Central, aseveró que "si no se decide arrancarle el poder a las 500 grandes empresas, la mayoría extranjeras, que manejan el modelo económico actual no hay posibilidad de distribuir en serio la riqueza y el hambre seguirá siendo un crimen cotidiano, como la falta de trabajo, la tercerización y la indigencia".
Por su parte Ricardo Peidro, secretario adjunto de la CTA, sostuvo: "No puede haber transformación social si sólo el 12% de las empresas tiene delegados. Mientras dure esta situación, apañada desde el poder, no podrá discutirse en toda su dimensión el modelo productivo".
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