Una directiva europea que tendrá que aplicarse en España a partir del próximo día 15 va a hacer chirriar el equilibrio financiero de decenas de miles de empresas alicantinas y, en general, de toda España. Las empresas industriales, unas mucho más que otras, tendrán que adaptarse a la normativa sobre contaminación acústica de la Unión Europea, que ha decidido dar otra vuelta de tuerca sobre el ruido. Además de facilitar medios de protección y controles de salud a sus trabajadores, las compañías deberán realizar fuertes inversiones dinerarias para adaptarse a la nueva exigencia comunitaria.
En Alicante, los sectores más afectados por la norma antirruido son el textil, por el uso de lanzaderas de tejido; el calzado por la utilización masiva de compresores; el caucho por la aplicación de prensas de todo tipo; y el mármol, que es especialmente sensible por sus elevados niveles sonoros al aplicar tecnología cortabloques de la piedra natural. Estas industrias, especialmente las pymes (pequeñas y medianas industrias) y no tanto las grandes compañías, serán las que más gasto tendrán que afrontar para no estar expuestas a las sanciones económicas que se derivarán del incumplimiento de la norma, según explica el Instituto de Salud en el Trabajo (Istas) del sindicato CC OO. Esta organización sindical afirma que en los mapas de ruidos elaborados en la Comunidad Valenciana hasta ahora el nivel sonoro está situado en el límite máximo con la anterior normativa del año 1988, con lo que ahora mismo se superará en muchos casos.
Istas cita un informe de Mutua Valenciana Levante sobre el ruido ambiental y sus efectos sobre los trabajadores en empresas valencianas del sector del mueble y la madera, del sector textil y del sector metal. Según dicho análisis estadístico, el 20% de las empresas textiles superan los 90 decibelios de exposición durante las ocho horas de jornada laboral, lo cual es absolutamente ensordecedor y causa de enfermedad profesional, según el Istas. En los otros dos sectores, no supera el 10% de empresas.
La anterior normativa establecía el tope de contaminación acústica en 90 decibelios en ocho horas de trabajo o 140 decibelios en momentos muy concretos. La directiva europea 2003/10 reduce los nieveles a 87 decibelios y 137 en nivel pico (momentos determinados). En este caso, la protección personal es obligatoria. La norma obliga a las empresas a eliminar el origen del riesgo acústico o reducir al nivel más bajo posible. Ya con 85 decibelios de exposición en 8 horas de trabajo, la UE obliga a las empresas a aplicar un programa de medidas de control, de información a los trabajadores y de control médico auditivo. La normativa de la UE exige a las empresas a haberse adaptado antes del 15 de febrero del 2006, algo que se incumple de forma «apabullante», según explica el responsable de Salud Laboral de CC OO-Alicante, Javier Pérez Ferré. Según el delegado sindical, «a corto plazo es imposible que se cumpla, porque precisa inversiones muy fuertes para encapsular maquinaria ruidosa». Solicita la voluntad empresarial y el control de la Administración para aplicar con éxito el nuevo precepto. Este diario trató ayer, sin éxito, de conocer cómo vigilará el cumplimiento el Ministerio de Trabajo.
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