El abogado laboralista de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes De Rioja, sostuvo que el proyecto de la CGT para gravar la renta extraordinaria de las empresas es "inoportuno e inconstitucional" porque genera incertidumbre jurídica y viola el derecho de propiedad.
Funes de Rioja dijo que "constituye un acción, de sancionarse el proyecto, inadecuada pues hoy en el mundo, lo que buscan los países es propiciar la supervivivencia de las empresas, para garantizar el empleo y darle liquidez, no sacándole plata con más impuestos".
"No solo es un proyecto inoportuno e inconveniente sino que claramente es inconstitucional", señaló el vicepresidente séptimo de la UIA, en declaraciones a NA.
Recordó que 1983 una ley sobre créditos laborales en empresas quebradas, junto con la ley sindical, tuvo una "oposición empresarial muy fuerte", y el entonces presidente Raúl Alfonsín, prefirió no reglamentarla.
"Crear impuestos extraordinarios genera incertidumbre jurídica y viola el derecho de propiedad, porque es inventar un impuesto con posterioridad a su aplicación", explicó el abogado de la UIA.
La central obrera, que encabeza Hugo Moyano, presentó al gobierno un proyecto de ley que propicia la creación de un fondo solidario, que se financie con la renta extraordinaria de empresas, que durante el 2008 tuvieron una utilidad superior al 20 por ciento.
Funes de Rioja dijo que "con la presión impositiva, que hoy es altísima, solo se pretende generar una pozo o una caja, sin asignar previamente los recursos para fondos de desempleo", al aludir que el proyecto que impulsa la CGT está destinado a ayudar a los despedidos y suspendidos, como consecuencia de la crisis económica.
Explicó que "sacarle plata a los más solventes, a las grandes empresas que cotizan en la bolsa es una despropósito, porque estas compañías son las que tienen cadenas de producción integradas a pequeñas empresas, que sufrirán las consecuencias".
"Se quiere atacar a las grandes empresas, sin darse cuenta que se está así perjudicando a las más chicas", añadió el dirigente.
Consideró que "el estado que en el mundo moderno, ahora está en un rol cada vez mas activo, busca regulaciones inteligentes para mejorar el empleo, no para generar mayor inseguridad jurídica que terminaría alejando la inversión y perjudicando al crecimiento".
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