Cuando observamos una población y su estado de salud, vemos una dimensión de la calidad de vida de los pueblos. La salud es un componente fundamental del desarrollo y, al mismo tiempo, un resultado de ese proceso.
Sin embargo, para mantener el estado de salud, además de los múltiples factores de los cuales depende, se encuentran como eje fundamental los recursos humanos. Estos son los actores principales, responsables de que se puedan implementar los cambios que las políticas de Salud necesitan para llevar a cabo las reformas de los sistemas sanitarios, según las necesidades de la población, a fin de disminuir las iniquidades.
Sin embargo, vemos con preocupación cómo se ha deteriorado el prestigio de los profesionales, con gran segmentación de éstos y evidenciando desigualdades dentro de un mismo sector.
A la vez, ha disminuido el poder adquisitivo de los médicos, con una exagerada pauperización de los haberes que dependen del subsector público. Los reclamos salariales en distintos hospitales de nuestro país reflejan las condiciones laborales en que se encuentran. Debido a esta situación, muchos migran a otros subsectores. Aquellos que buscan ingresos más dignos, encuentran la salida en el multiempleo, lo que trae aparejado un menor grado de compromiso institucional donde desempeñan sus tareas y el no sentirse valorizados, con la consecuente pérdida de motivación para realizar actividades esenciales.
Si a esto le sumamos la falta de una ley de carrera profesional hospitalaria, en la cual estén contemplados no sólo los estímulos económicos, sino aquellos que promuevan la educación médica continua y permanente, sistemas de capacitación, incentivos para la superación laboral, para la dedicación a la investigación y a la docencia, en un ámbito de trabajo que le asegure el desarrollo personal, todo esto atenta contra las condiciones dignas de trabajo que los profesionales se merecen.
La voz de los trabajadores debe ser escuchada y tenida en cuenta.
Luchar por un trabajo digno es fundamental para el progreso social. Este derecho está contemplado en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en
El Pacto de San José de Costa Rica dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y agrega que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
Sin embargo, algunas autoridades en los ministerios de Salud de las provincias parecen haber olvidado estos principios, ya que someten a los trabajadores a ejercer en condiciones laborales límites, recibiendo sueldos indignos, con contratos por tiempo indefinido, sin aportes previsionales, manteniéndolos en la incertidumbre de la inestabilidad laboral, sin tener expectativas ciertas de una carrera hospitalaria, dejando de lado lo que consagra nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis, donde se refiere a las condiciones equitativas de labor.
Al trabajar de esta manera, el médico está sometido a una presión y tensión psicológica sistemática durante un tiempo prolongado, similar al acoso moral en el que una persona ejerce violencia psicológica en forma recurrente por largo tiempo en el lugar de trabajo (mobbing), con la finalidad de destruir las redes de comunicación, arruinar su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que esa persona abandone el lugar de trabajo con destrucción de la imagen pública y de la carrera profesional.
Es así como se ve degradada la integridad física, psíquica y moral del médico, con pérdida de respeto por su honra, sin reconocimiento de su dignidad, constituyendo un verdadero acoso moral.
De otra manera, sólo obtendremos profesionales cada día más desmotivados, alienados en su trabajo, limitados en su creatividad para dar soluciones, que tengan escasa conciencia de valores y de la dignidad que implica su actividad, y que se mantengan fragmentados, ajenos a la responsabilidad que la sociedad espera de ellos.
La única forma de lograr cambios en los sistemas de salud es por medio del consenso entre todos los actores del sector.
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