NUEVA YORK. El diario The New York Times elogió el miércoles el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, según el cual no se puede acusar de robo de identidad a los inmigrantes indocumentados que usan números de seguro social falsos al solicitar empleo.
"Uno de los principios básicos de las leyes en Estados Unidos es que el castigo se ajuste al delito", dijo el influyente diario en un comentario editorial.
"La Corte Suprema defendió ese principio al insistir en que a los indocumentados que usan papeles falsos para buscar empleo se les acuse sólo por lo que hicieron", agregó.
La Corte Suprema por unanimidad falló el lunes en el caso de Ignacio Flores Figueroa, un mexicano que usó su propio nombre pero con un número de seguro social de otra persona para solicitar trabajo.
Cuando se le detuvo, no sólo se le acusó de violar leyes de inmigración, sino también de robo de identidad, lo cual conlleva una pena de dos años de cárcel.
El diario coincide con el máximo tribunal en que el cargo de robo de identidad debe aplicarse sólo para casos en que una persona usa intencionalmente los datos de otra persona específica.
"El fallo es fiel a la ley y a la intención del Congreso al aprobarla", expresó el Times.
"Esa ley busca castigar a criminales que se roban la identidad de una persona en particular y no alguien que usa números al azar". La ley, añadió, "se había convertido en una herramienta favorita de fiscales excesivamente agresivos".
Ignacio Carlos Flores Figueroa, un inmigrante mexicano que trabajaba en una fábrica de acero en Illinois, viajó a Chicago y compró números de identificación a alguien que traficaba con carnés de identidad falsos.
Los números pertenecían a gente real. Flores Figueroa había trabajado en la fábrica durante seis años con un nombre falso.
En su caso no se puede probar que usó los números de la Seguridad Social y una tarjeta de residencia estadounidense, a sabiendas que pertenecían a una persona real. El acusado admitió haber usado documentos falsos pero no el delito de robo de identidad.
La fiscalía no presentó pruebas de que el acusado sabía que se trataba de documentos legítimos y no simplemente inventados.
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