MADRID. Médicos, enfermeros y farmacéuticos han pedido al Ministerio de Sanidad "acelerar" el endurecimiento de la ley del tabaco, priorizando "las razones sanitarias sobre las políticas y económicas" que están haciendo que el proceso avance "con lentitud insoportable" y que podrían paralizarlo.
Así lo manifestó el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, en nombre de odontólogos, psicólogos, farmacéuticos y enfermeros, en una rueda de prensa este lunes organizada en por el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT).
Según Rodríguez Sendín, ampliar los espacios sin humo "no es política, es sanidad". Por ello, pide "honestidad" a los dirigentes políticos en el cumplimiento de sus promesas en este sentido, ya que "lo contrario sólo tendría la definición de corrupción".
"Cuando se pierde sensibilidad ética, sabiendo lo que sabemos de los efectos del tabaco, sobre todo sobre los fumadores pasivos, no es aceptable moralmente obligarles a fumar por razones políticas o económicas (…) es fundamental separar razones sanitarias de las que causan que esto no siga adelante o que vaya con una lentitud insoportable", sentenció.
Reconoce que "no entiende cómo el autogobierno de las comunidades autónomas pueden tomar decisiones que afectan a los derechos individuales de los ciudadanos", y juzga que "no es posible que se permita que las comunidades autónomas se salten según qué cosas a la torera".
"PONER PRECIO A LAS MUERTES"
Respecto a la oposición de los hosteleros a la ampliación de los espacios públicos sin humo, el presidente de la OMC negó que la nueva norma se vaya a traducir en pérdidas, y advirtió de que "no está justificado" que siga muriendo gente a causa del tabaco para que funcione un negocio; ni que nadie, por ser trabajador del sector, tenga que "fumar a la fuerza". "No se le puede poner precio a las muertes", acotó.
Según la vicepresidenta del CNPT, M. Ángeles Planchuelo, cada día 142 personas mueren por ser fumadores voluntarios y seis las personas que mueren cada día por respirar aire contaminado con humo de tabaco. Además, en la actualidad los 800.000 trabajadores de la hostelería están "obligados a tener un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón un 50 por ciento mayor que el resto de trabajadores que están protegidos ya".
Según la vicepresidenta de la CNPT, una encuesta que compara las opiniones de los españoles sobre el tabaco en 2006 y 2008 demuestra que, en dos años de funcionamiento de la ley del tabaco, "ha aumentado el número de personas que ven la necesidad de tener una hostelería sin humo, un 65 por ciento quiere, y el incremento se ha producido respecto a bares en 7,3 puntos, en restaurantes en 8,5 y en las discotecas 4,6 puntos".
Planchuelo dice que, cuando las prohibiciones son totales, "se disminuye la prevalencia del tabaquismo en un 10 por ciento frente al 4 por ciento que ocurre cuando las prohibiciones son parciales". "Que los espacios sean libres de humo 100 por cien disminuye de forma indirecta el consumo de tabaco hogares, sobre todo ante niños, estimándose las cifras en un 8 por ciento", añadió.
SIN RETRASOS NI "LETRA PEQUEÑA"
No obstante, para Planchuelo, está claro que la actual normativa contra el tabaco "no tiene más recorrido tal y como está ahora" y que "tiene que crecer" a través de una nueva ley "sin letra pequeña". Por ello reconoce estar "preocupada" por el retraso de la futura norma y apunta que oposición de los hosteleros está resultando "un escollo", a pesar de que "España sería el único país del mundo donde generaría pérdidas" una regulación de esta naturaleza.
Para la presidenta del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, Carmen Peña, el tabaco causa 4,5 millones de muertes cada año y si no se hace nada al respecto, esta cifra se elevará a 8 millones en 2040.
En este sentido, recordó también que el tabaquismo causa más de 50.000 muertes prematuras al año y más de 3.000 fallecimientos por tabaquismo pasivo, de las que el 31 por ciento afectaron a niños. No en vano, el 40 por ciento de los menores están expuestos al humo del tabaco. La ley de 2006 evita cada año 1.500 muertes.
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