BUENOS AIRES. El gobierno bonaerense envió a la legislatura el proyecto de ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para el personal de su administración, en la que incorpora la fijación de límites en la convocatoria a paros para "garantizar la prestación de los servicios esenciales para la comunidad".

La iniciativa incluye a los trabajadores comprendidos en la Ley 10430, por la cual -en el caso de su aprobación- los gremios de trabajadores estatales provinciales estarán obligados a entablar, previamente a la adopción de cualquier medida de fuerza, negociaciones con el gobierno y asegurar el funcionamiento de los servicios que el Estado considera como esenciales.

En caso contrario deberán "suspender temporariamente la aplicación de las medidas que origina el conflicto o abstenerse si pudieran afectar a estos servicios que si bien no están identificados en el proyecto, se presume alcanzan a los hospitales, educación y al organismo recaudador (Rentas)".

El artículo 19 de la ley propuesta señala que las organizaciones gremiales deberán anticipar con cinco días de antelación las medidas de fuerza a adoptar, para que se tomen los recaudos en los servicios esenciales.

La iniciativa genera una fuerte resistencia en los sindicatos por entender que se "restringe" el derecho de huelga y que preanuncia un intenso debate entre los legisladores, incluso dentro de los oficialistas, donde no hay un criterio unificado.

La propuesta establece que en los casos de conflicto colectivos las partes "deberán someterse a la decisión que adopte un órgano imparcial establecido en el articulo 39 de la Constitución Provincial, que se creará por ley específica".

En este punto tampoco hay coincidencias entre gobierno y gremios que pretenden la conformación de un "tribunal arbitral, con jerarquía y facultades precisas", a diferencia del "órgano imparcial" que proponen desde el Estado.

En el marco de este sistema de Convenciones Colectivas, las partes discutirán cuestiones laborales relacionadas a la prestación de servicios y condiciones de trabajo, como por ejemplo horarios, vacaciones y licencias pero los acuerdos salariales "deberán basarse en normas legales y presupuestarias, cargos y horas cátedra", es decir que no podrá avanzar más allá de lo que paute el presupuesto provincial.

La CGT cuestionó el proyecto de negociaciones colectivas para estatales

Un clima de profundo malestar en el sector sindical, especialmente en los 20 enrolados en la CGT, provocó hoy el proyecto de ley de negociaciones colectivas de trabajo que el Poder Ejecutivo envió en la víspera a la legislatura, por el que se limita la convocatoria a paros.

La preocupación fundamental de las organizaciones sindicales reside en la "difusa e imprecisa" redacción del artículo 19 relativo a la obligatoria prestación de los denominados "servicios esenciales" frente a huelgas o conflictos que deriven en paros de los trabajadores.

En ese sentido, el diputado Carlos Quintana (FpV), titular de la CGT y secretario general de UPCN provincia de Buenos Aires, cuestionó directamente la redacción de citado artículo "que establece que deben prestarse ese tipo de servicios, pero en forma genérica, lo que puede dar lugar a una multiplicidad de interpretaciones".

El dirigente afirmó que "esa vaguedad e imprecisión atenta y coaliciona contra las disposiciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- que considera como servicios esenciales a todos aquellos que al dejarse de prestar pueden poner en riesgo la vida de las personas".

"Del mismo modo -agregó-, existe inquietud con relación a que no se fije con claridad quienes van a tener la responsabilidad de laudar entre las partes ante un conflicto; hasta ahora ha sido el Estado el mediador, lo que resulta de una arbitrariedad absoluta habida cuenta que es juez y parte".

El dirigente anticipo que "desde el ámbito gremial proponemos una salida racional y creemos que los laudos ante litigios deben estar a cargo de un grupo de reconocidos y prestigiosos abogados laboralistas que previamente deben designar las partes de común acuerdo".

Finalmente, Quintana remarcó que "estamos dispuestos a discutir a fondo estos temas con quien sea necesario, pero queremos dejar bien
sentado que no permitiremos que ninguna ley avasalle derechos elementales de los trabajadores estatales bonaerenses".

 

El gobierno bonaerense envió a la legislatura el proyecto de ley de Convenciones Colectivas de Trabajo para el personal de su administración, en la que incorpora la fijación de límites en la convocatoria a paros para "garantizar la prestación de los servicios esenciales para la comunidad".
La iniciativa incluye a los trabajadores comprendidos en la Ley 10430, por la cual -en el caso de su aprobación- los gremios de trabajadores estatales provinciales estarán obligados a entablar, previamente a la adopción de cualquier medida de fuerza, negociaciones con el gobierno y asegurar el funcionamiento de los servicios que el Estado considera como esenciales.
En caso contrario deberán "suspender temporariamente la aplicación de las medidas que origina el conflicto o abstenerse si pudieran afectar a estos servicios que si bien no están identificados en el proyecto, se presume alcanzan a los hospitales, educación y al organismo recaudador (Rentas)".
El artículo 19 de la ley propuesta señala que las organizaciones gremiales deberán anticipar con cinco días de antelación las medidas de fuerza a adoptar, para que se tomen los recaudos en los servicios esenciales.
La iniciativa genera una fuerte resistencia en los sindicatos por entender que se "restringe" el derecho de huelga y que preanuncia un intenso debate entre los legisladores, incluso dentro de los oficialistas, donde no hay un criterio unificado.
La propuesta establece que en los casos de conflicto colectivos las partes "deberán someterse a la decisión que adopte un órgano imparcial establecido en el articulo 39 de la Constitución Provincial, que se creará por ley específica".
En este punto tampoco hay coincidencias entre gobierno y gremios que pretenden la conformación de un "tribunal arbitral, con jerarquía y facultades precisas", a diferencia del "órgano imparcial" que proponen desde el Estado.
En el marco de este sistema de Convenciones Colectivas, las partes discutirán cuestiones laborales relacionadas a la prestación de servicios y condiciones de trabajo, como por ejemplo horarios, vacaciones y licencias pero los acuerdos salariales "deberán basarse en normas legales y presupuestarias, cargos y horas cátedra", es decir que no podrá avanzar más allá de lo que paute el presupuesto provincial.

La CGT cuestionó el proyecto de negociaciones colectivas para estatales

Un clima de profundo malestar en el sector sindical, especialmente en los 20 enrolados en la CGT, provocó hoy el proyecto de ley de negociaciones colectivas de trabajo que el Poder Ejecutivo envió en la víspera a la legislatura, por el que se limita la convocatoria a paros.
La preocupación fundamental de las organizaciones sindicales reside en la "difusa e imprecisa" redacción del artículo 19 relativo a la obligatoria prestación de los denominados "servicios esenciales" frente a huelgas o conflictos que deriven en paros de los trabajadores.
En ese sentido, el diputado Carlos Quintana (FpV), titular de la CGT y secretario general de UPCN provincia de Buenos Aires, cuestionó directamente la redacción de citado artículo "que establece que deben prestarse ese tipo de servicios, pero en forma genérica, lo que puede dar lugar a una multiplicidad de interpretaciones".
El dirigente afirmó que "esa vaguedad e imprecisión atenta y coaliciona contra las disposiciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- que considera como servicios esenciales a todos aquellos que al dejarse de prestar pueden poner en riesgo la vida de las personas".
"Del mismo modo -agregó-, existe inquietud con relación a que no se fije con claridad quienes van a tener la responsabilidad de laudar entre las partes ante un conflicto; hasta ahora ha sido el Estado el mediador, lo que resulta de una arbitrariedad absoluta habida cuenta que es juez y parte".
El dirigente anticipo que "desde el ámbito gremial proponemos una salida racional y creemos que los laudos ante litigios deben estar a cargo de un grupo de reconocidos y prestigiosos abogados laboralistas que previamente deben designar las partes de común acuerdo".
Finalmente, Quintana remarcó que "estamos dispuestos a discutir a fondo estos temas con quien sea necesario, pero queremos dejar bien sentado que no permitiremos que ninguna ley avasalle derechos elementales de los trabajadores estatales bonaerenses".