A pesar de los cambios vertiginosos que está experimentando la profesión médica en España, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas mantienen su tradicional ritmo de tortuga a la hora de planificar los recursos humanos necesarios para afrontar las nuevas demandas asistenciales. Mientras centenares de facultativos se ven abocados a abandonar nuestras fronteras en busca de mejores salarios, y mientras llegan riadas de profesionales extranjeros con y sin el título homologado para ocupar las plazas que quedan libres en hospitales y centros de salud, el ministerio y los servicios de salud autonómicos permanecen sobrepasados por las circunstancias y parecen incapaces de avanzar dos pasos más allá de planes generales que, a la vista de lo ocurrido hasta ahora, poco resuelven, por no decir nada. El nuevo y flamante director general de Recursos Humanos del ministerio, José Antonio Benedicto —que no ha podido estrenarse peor en el puesto, con la aprobación de un decreto MIR que ha provocado el rechazo unánime de toda la profesión—, afirma orgulloso que para este Gobierno la planificación de dichos recursos "es una prioridad", y asegura que su departamento ha venido trabajando a lo largo de este último año en los mecanismos que permitan desarrollar esa planificación. Ver para creer.
Sería injusto exigirle ahora a Benedicto —un recién llegado al cargo— y a Elena Salgado que tuvieran ya encima de la mesa un mapa de las necesidades laborales, de las especialidades que serán más demandadas en el futuro y de los desembolsos económicos que harían falta para retener en España a cientos de médicos formados con dinero público. Se trata de una labor que requiere años y que no se ha realizado en legislaturas pasadas ni por el Gobierno anterior del PSOE ni por los Ejecutivos del PP entre 1996 y 2004. Esta desidia política ha llevado a paradojas tales como que ni Sanidad ni los servicios de salud sepan hoy a ciencia cierta el número exacto de profesionales a su cargo, o, por ejemplo, el de ginecólogos que ejercen en la sanidad pública, o el de los especialistas en Endocrinología que harán falta en el futuro para cubrir la demanda. Lisa y llanamente, puede decirse que ninguna entidad que gestiona la asistencia sabe lo que tiene, ni qué le hace falta a la vista de los cambios que está experimentando la sociedad española. Algo inaudito, que destapa todas las carencias por las que atraviesa el Sistema Nacional de Salud. ¿Existe alguna empresa privada en España que no sepa el número de trabajadores a los que tendrá que pagar la nómina a fin de mes o los que le harán falta para satisfacer las peticiones de su producto que van a efectuar los consumidores?
Dice Benedicto que Sanidad trabaja ya en la elaboración de un registro de profesionales, como marca la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), y que está profundizando en el estudio de las necesidades futuras de especialistas, a la vista de las nuevas demandas y necesidades. Se trata de una encomiable declaración de intenciones que, sin embargo, suscita varios interrogantes: ¿por qué no está listo ya dicho registro, cuando han transcurrido dos años y medio desde el inicio de legislatura? ¿Estará finalizado antes de que lleguen las elecciones? ¿Se está contando con organizaciones médicas como la OMC, CESM, Facme o las comisiones nacionales de cada especialidad a la hora de elaborarlo?
Las palabras del nuevo director general de Recursos Humanos de Sanidad resultan esperanzadoras, pero la realidad demuestra que otros antecesores suyos en el cargo se han pronunciado innumerables veces en los mismos términos y el resultado es la práctica inexistencia de datos sobre la situación laboral de los médicos y del resto de los profesionales sanitarios de que adolecen tanto el Ministerio de Sanidad, como el de Educación, Trabajo, Administraciones Públicas o los servicios de salud autonómicos. Sin estadísticas, no hay planificación que valga. De ahí que toda declaración programática resulte simplemente eso, y no pueda ser creíble.
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