MADRID. Según los datos de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los tres primeros trimestres de 2008 se produjeron 183 infracciones cometidas por empresas y organismos públicos en relación a la reserva de empleo de las personas con discapacidad, mientras que en todo 2007 hubo 436.
En 2006 se cometieron más del doble de infracciones que al año siguiente, un total de 963, siendo la cifra más alta de incumplimientos de la cuota de reserva desde 2000.
En cuanto al importe de las sanciones propuestas, también se desprende una tendencia a la baja. Si en 2006 se impusieron multas a empresas por valor de 570.000 euros, en 2007 fueron de 470.000 euros, mientras que los tres primeros trimestres de 2007 supusieron un total de 310.000 euros.
La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) establece que las empresas públicas y privadas de 50 o más empleados deberán reservar el 2 por ciento del total de puestos de trabajo a favor de trabajadores con discapacidad con el objetivo de promocionar su integración laboral y social.