Un millar de inmigrantes ingresaron el año pasado en el Ejército español

Hace poco más de un año, la ley subió el listón del 2% como proporción máxima de inmigrantes. Ahora establece un 7%, o sea, en torno a 7.000 efectivos, pues se baraja la cifra de 100.000 como volumen ideal para las Fuerzas Armadas. Se trata de un porcentaje propuesto por el ministro de Defensa, José Bono, tras comprobar a finales de 2004 que el 20% de los paracaidistas de la Brigada Ortiz de Zárate eran latinoamericanos y se estaban jugando la vida en el norte de Afganistán.
«No hay nadie que sea más ni menos que otro. Y vosotros sois bienvenidos, porque defendéis nuestros valores constitucionales», arengó José Bono a los 90 sudamericanos destinados en la ciudad de Mazar-i-Sharif. Esa visita marca un antes y un después en la regulación del acceso de inmigrantes: un par de meses después, se les concede el derecho a una indemnización en caso de fallecimiento o incapacitación. Hasta entonces, entre 2002 y 2004, no se contemplaba ninguna compensación en el supuesto de muerte, mutilación o invalidez por una patria ajena.
Una singularidad que se suma a una paradoja inevitable: los soldados y marineros extranjeros no tienen derecho a voto, a pesar de jurar lealtad a la Constitución. «El legislador va abriendo vías y, claro, en ocasiones se encuentra con limitaciones llamativas», reconoce el teniente Francisco Ortiz de Zárate, gestor de reclutamiento de la Delegación de Defensa en La Rioja.
Todo comenzó hace cuatro años, tras el fracaso del programa de reclutamiento de hijos de emigrantes radicados en Latinoamérica. Federico Trillo, entonces titular de Defensa, tomó medidas para inyectar sangre nueva en el Ejército, un colectivo que desfallecía por la pérdida de efectivos nacionales. En sintonía con la Legión Extranjera en Francia y la captación de ciudadanos de la Commonwealth admitida en Gran Bretaña, promovió una ley que aceptaba el ingreso de foráneos, con la condición de que fueran hispanoamericanos o ecuatoguineanos con permiso de residencia. La selección se justificaba por ser estados «con especiales y tradicionales vínculos históricos, culturales y lingüísticos con España». En resumidas cuentas, el Ejército se aseguraba la integración y una obtención rápida de la nacionalidad que, en todo caso, debía tramitarse durante los tres primeros años.
No obstante, las Fuerzas Armadas no se lo ponían fácil a los nuevos reclutas: hasta enero de 2005, su abanico de plazas se restringía a las ‘unidades de choque’, precisamente las que se caracterizan por una preparación y régimen disciplinario de gran dureza. «Queremos reforzar su identificación con las Fuerzas Armadas», justificaba Trillo hace cuatro años. Así se entiende que sólo tuvieran acceso a la Brigada de Infantería Ligera ‘Rey Alfonso XIII’, II de la Legión, a la Brigada de Infantería Ligera Paracaidista ‘Almogáraves VI’, al Tercio de Armada y al Escuadrón de Zapadores Paracaidistas.
En la actualidad, con la normativa impulsada por José Bono, se amplía la oferta hasta incluir todas las unidades de Tierra, especialidades como hostelería en la Armada y destinos como el Ala 31, en Zaragoza, que acoge los aviones de transporte Hércules.